Drug War Chronicle

Con la fecha tope para solicitudes avecinándose deprisa, la Drug Policy Alliance tiene aproximadamente $1.2 millón para asignar durante su ciclo de subvenciones Promocionando el Cambio de Políticas de 2008.

Los sucesos y citas de nota de los eventos de las políticas de drogas de esta semana de los años anteriores.

“Barbara Kay habla mal de los consumidores de marihuana y del movimiento reformador”, “Otra actualización de Ryan Frederick”, “McClellan: Bush festejaba tanto que no lograba acordarse si probó cocaína”, “Si la lucha contra la droga reduce la violencia, haga el favor de explicar lo que pasa en México”, “Aduanas japonesas esconden 2Kg27g de marihuana en la bolsa de un pasajero, ahora no logran encontrarlos”, “Se denuncia formalmente a Ryan Frederick por homicidio premeditado”.

Aludiendo al presunto vínculo entre el consumo de marihuana y la enfermedad mental, la Asociación Australiana de Medicina pide penas más duras para la marihuana. Eso va en contra de su postura anterior que decía que las leyes penales no funcionan como elemento de disuasión y en verdad pueden ser nocivas para los consumidores de drogas.

En México, la gente está siendo muerta en la violencia relacionada con la prohibición a una tasa 50% más alta que la de año pasado. El fiscal general de México afirma que es una señal de éxito en la lucha contra la droga.

Un nuevo estudio de la Drug Policy Alliance descubre que Nueva Yérsey gasta más de $330 millones al año para apresar a infractores de la legislación antidroga. El estudio sucede mientras la Asamblea Legislativa estadual pondera el primer pasito hacia reformar sus duras leyes de penas para las drogas.

Por segunda vez en menos de un año, los votantes en Hailey, Idaho han aprobado un trío de iniciativas municipales de reforma de las leyes sobre la marihuana. De la primera vez, los funcionarios municipales las rechazaron. Ahora ¿qué van a hacer?

Durante 30 años, los habitantes de la Isla de Hawái han soportado todos los años los descensos de helicópteros y las redadas contra plantaciones de marihuana del “Operativo Cosecha Verde”. Pero la semana pasada, el gobierno local le dijo “no, gracias” a la financiación estadual y federal que lo sustenta.

En enero, la Corte Suprema de California decidió que los empleadores podían despedir a empleados que se sacaron positivo para marihuana aun si fueran pacientes legales conforme a la legislación californiana. Ahora, un proyecto que desharía ese fallo ha sido aprobado por la Asamblea estadual.

Un tribunal de apelaciones californiano ha declarado inconstitucional una ley de 2004 que establece límites para la cantidad de marihuana que los pacientes pueden tener porque busca enmendar una iniciativa electoral y apenas los votantes pueden hacerlo.