En su ejercicio anual de soberbia diplomática ordenada por el Congreso, el martes el gobierno Bush y el Departamento de Estado de EE.UU. publicaron su Lista de Grandes Países Productores de Drogas Ilícitas para el Año Fiscal 2009, pero sólo pusieron tres países – Bolivia, Birmania y Venezuela – en su listado de países que habían “fracasado de modo comprobable” en adherir a la interpretación estadounidense de los convenios antidrogas internacionales y las atribuciones de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores [Foreign Relations Authorization Act].

[inline:boliviancoca.jpg align=right caption="la coca boliviana (fuente: Departamento de Estado de EE.UU.)"]El presidente Bush llamó a 20 naciones grandes países de producción o tránsito de drogas: Afganistán, las Bahamas, Bolivia, Brasil, Birmania, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Pero aunque Afganistán domine la producción mundial de opio, Colombia sea el líder mundial en exportación de cocaína y México el conducto principal para las drogas que ingresan a EE.UU., Bush y sus voceros apuntaron la mayor parte de sus críticas hacia Bolivia, Birmania y Venezuela.

Bolivia es el tercer productor más grande de coca, detrás de Colombia y Perú, y EE.UU. ha criticado las políticas de “cocaína cero, no coca cero” del presidente Evo Morales que han permitido una expansión gradual de la coca en tanto que, al mismo tiempo, trabajan para interceptar la cocaína producida de la coca que sea desviada al mercado negro. A buena distancia, Birmania pierde para Afganistán en la producción de opio, pero también es una destacada fuente de metanfetamina para los mercados negros asiáticos. Venezuela no produce cultivos de que se deriven drogas, pero es acusada por funcionarios estadounidenses de no luchar adecuadamente contra el flujo de la cocaína colombiana que pasa por su territorio de camino hacia los mercados europeos.

Más importante aún, los tres países son actuales enemigos políticos del gobierno Bush. La junta militar birmana ha sido criticada durante años por Washington por varias razones, en tanto que Morales de Bolivia y Chávez de Venezuela están en el centro de un bloc izquierdista latinoamericano que desafía la dominación estadounidense en la región y ahora se encuentra en medio de una confrontación con Washington. La semana pasada tanto Venezuela como Bolivia echaron a los embajadores estadounidenses en medio de una disputa todavía irresuelta entre Morales y los gobernadores conservadores de la oposición en las provincias ricas en recursos al este de Bolivia, la llamada Media Luna.

“La seguida inacción del gobierno venezolano contra un problema cada vez más grande de narcotráfico dentro y a través de sus fronteras es tema de inquietud creciente para los Estados Unidos”, dijo David Johnson, vicesecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Estupefacientes y Represión Legal, en una sesión informativa sobre la determinación realizada el martes por la tarde. “Pese a las garantías venezolanas de que las incautaciones han aumentado, la cantidad de drogas destinada hacia Estados Unidos y Europa sigue creciendo”, dijo. Tal vez tan importante como esa última declaración: “Venezuela se ha negado a renovar sus acuerdos de cooperación de lucha contra los estupefacientes con Estados Unidos, incluso negándose a firmar documentos de acuerdo para ofrecer fondos a programas de cooperación para combatir contra el tráfico de drogas que sale de, y pasa por, Venezuela hacia Estados Unidos”, dijo Johnson.

Y aunque Johnson reconociera que Bolivia “sí tiene una serie de programas eficaces de erradicación de la coca e interceptación de la cocaína respaldados por EE.UU.”, advirtió que “sus políticas y acciones oficiales han causado una deterioración considerable en su cooperación con Estados Unidos. El presidente Morales sigue siendo a favor de la expansión de la producción lícita de la hoja de coca, a pesar de que el actual cultivo legal exceda con mucho la demanda del consumo tradicional legal y el área permitida conforme a la legislación boliviana”.

La expansión del cultivo había resultado en un incremento de 14% en el plantío de coca y un aumento de la posible producción de cocaína de 115 para 120 toneladas métricas, se quejó Johnson. También aludió a la reciente salida de trabajadores de la USAID y agentes de la DEA del Chapare, la región productora de coca de Bolivia, a petición firme de los sindicatos cocaleros respaldados por el gobierno boliviano.

“La determinación del gobierno de EE.UU. de que Bolivia ‘fracasó de modo comprobable’ en adherir a las obligaciones antiestupefacientes parece demostrar la naturaleza política de este proceso” dijo Kathryn Ledebur de la Red Andina de Información de Cochabamba. “Vale la pena observar que, en su comunicado a la prensa, el vicesecretario Johnson sintió ser necesario poner de relieve que la determinación no fue ‘una decisión precipitada’, porque fue exactamente eso – una respuesta precipitada a la expulsión del embajador Goldberg”, dijo.

“Pocos días antes de la expulsión de Goldberg, varias fuentes en el Capitolio decían que aunque hubiera preocupaciones, no se podía justificar el decir que Bolivia había ‘fracasado de modo comprobable’ en sus obligaciones”, prosiguió Ledebur. “Es la tercera determinación desde la elección de Morales y la cuarta desde la adopción del régimen de los catos [el cual permite que agricultores selectos cultiven pequeñas plantas de coca], pero es la primera vez que escogen quitarle la certificación a Bolivia”.

Ledebur también señaló que aunque EE.UU. criticara a Bolivia por cultivar coca en exceso del consumo tradicional legal y por encima del límite de 12.000 hectáreas establecido por la Ley 1008, ese límite nunca había sido honrado. “En el auge de la erradicación forzosa y demás políticas represivas de erradicación financiadas por EE.UU., la producción de coca jamás se redujo hasta llegar al límite”, observó.

“No me coge por sorpresa en absoluto porque el proceso certificatorio en materia de drogas ha sido muy maculado y maliciosamente politizado”, dijo Larry Birns, director ejecutivo del Council on Hemispheric Affairs, un grupo de expertos de Washington, DC. “Entonces se puede predecir que si EE.UU. ha asumido cierta línea para con Bolivia y Venezuela, habrá una certificación negativa en materia de drogas. Estados Unidos siempre tiene una prueba oculta y ésa es la naturaleza de la relación de Washington con el país en cuestión”.

Birns señaló la negativa del gobierno Clinton a quitarle la certificación a México tras la estela de los acuerdos del TLCAN en 1993, pese a que Washington tuviera bastantes pruebas de una cantidad considerable de corrupción en el gobierno mexicano a causa de las drogas. Al mismo tiempo, se negó a certificar a Colombia como país cooperador en la lucha contra la drogas a pesar de sus labores reales porque acusó al entonces presidente Ernesto Samper de haber recibido fondos de narcotraficantes durante su campaña presidencial. También hay ejemplos que no tienen nada que ver con la droga de la politización de los ejercicios certificatorios, de acuerdo con Birns, quien citó afirmaciones del gobierno Reagan de que El Salvador mejoraba su situación respecto a los derechos humanos durante su guerra civil en los años 1980 y la utilización de la designación de terrorismo de parte del gobierno Bush a fin de presionar a Corea del Norte por sus ambiciones nucleares.

El gobierno boliviano no tardó a desafiar a personajes estadounidenses y el proceso certificatorio entero. En un discurso el miércoles en La Paz, Morales rebatió con un informe de la ONU de mediados de este año que vio solamente un aumento de 5% en el cultivo, luego pasó a la ofensiva. “Debería haber un proceso de certificación para los que luchan contra el tráfico de drogas eliminando el mercado consumidor”, dijo Morales. “El narcotráfico responde al mercado”. Morales también atacó la misma idea de certificación estadounidense: “Son cuestiones netamente políticas”, dijo Morales. “No me asusta y no nos asusta esta campaña contra el gobierno que se vale de listas negras”.

El presidente venezolano Hugo Chávez fue igualmente – como era de esperarse – mordaz el miércoles en comentarios reportados por la Agence France-Presse. “Que saquen la lista que quieran. ¿Qué nos importa esa lista? Que se la metan en el bolsillo, no tienen ninguna moral para hacer listas [...] Que diga Estados Unidos lo que quiera, es pura basura, la verdad es otra”.

En la sesión informativa del Departamento de Estado de EE.UU. el martes, un reportero anónimo empleó la última cuestión para hacer una pregunta sobre el asunto que todos conocían, pero de que nadie quería hablar. Refiriéndose a los criterios para la inclusión de un país en la “lista de los grandes”, indagó: “¿Si los grandes se aplicaran a Estados Unidos, estaría en la lista también, no es cierto? Cinco mil hectáreas de cannabis y un gran – y un lugar por el cual fluyen las drogas?”

“No sé”, eludió el vicesecretario Johnson. “No les quiero decir algo que no sé. Y lo voy a investigar para usted. No intento esquivarme de su pregunta. Simplemente no sé – no sé”.