La semana pasada, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva firmó un proyecto que crea una nueva ley sobre las drogas en el país más grande y populoso de Sudamérica. Según la nueva ley, los consumidores y portadores de drogas ya no serán arrestados y encarcelados, sino citados y recibirán rehabilitación y tendrán que prestar servicio comunitario. La nueva ley marca un cambio importante en las políticas brasileñas de drogas, con los usuarios de drogas siendo vistos oficialmente no como criminales, sino como gente carente de ayuda médica y psiquiátrica.
“Un usuario de drogas no es un caso de policía, es un drogadicto”, le dijo Elias Murad, el congresista que defendió al proyecto, al Christian Science Monitor [2] después que Lula transformó el proyecto en ley. “Es más un problema médico y social que un problema de policía y así se piensa hoy día, no apenas aquí en Brasil, sino en todo el mundo. Creemos que no se puede mandar alguien que está enfermo a la cárcel”.
“Fumar marihuana no es crimen”, estuvo de acuerdo Paulo Roberto Uchôa, que dirige la Secretaría Nacional Antidroga de Brasil. “Un usuario de drogas es... alguien que necesita asesoramiento e información. Los que trafican drogas son los criminales”.
Antes, los portadores de pequeñas cantidades se enfrentaban a una sentencia de entre seis meses y dos años de prisión, pero según la nueva ley, ellos se enfrentan a una o más de las siguientes: tratamiento, servicio comunitario, multas o suspensión de sus licencias de conducir. Las penas para traficantes y vendedores de drogas, con todo, han sido ligeramente aumentadas. Según la ley antigua, los traficantes recibían entre tres o 15 años de prisión; ahora, ellos pueden recibir entre cinco y 15. La ley también crea el crimen nuevo de ser un “capitalista del narcotráfico”, punible por entre ocho y 20 años de prisión.
Aunque los funcionarios del gobierno brasileño se feliciten por su abordaje progresista, ni todos estaban contentos. “No nos engañemos, el consumo de drogas aún es crimen”, dijo Martín Arangurí Soto, estudiante de post-graduación en ciencia política que investiga el encarcelamiento en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (y que también trabaja como traductor de DRCNet). “Sí, el nuevo mantra es el de que esto ha cambiado de ser un caso de policía para un problema de salud pública”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “Pero las personas aún andan siendo castigadas por las opciones que hicieron y si no obedecen las ‘medidas socioeducativas’ que la ley menciona – cualesquiera que sean --, aún pueden ser presas de seis a 24 meses. Como si se debiera algo a la sociedad por consumir drogas o hubiera la necesidad de ser ‘educado’ o ‘corregido’”.
Y aunque los funcionarios brasileños estén mostrando las penas alternativas como un abordaje mejor, Arangurí Soto sugirió que el motivo principal era el de desahogar las prisiones superpobladas y sobrecalentadas de Brasil, hogar de algunos de los narcotraficantes más duros del país (que coordinan el tráfico tras rejas) y la escena de varias rebeliones violentas, que han estado ocurriendo desde Mayo [3], en las que más de 160 personas fueron muertas en revueltas en las prisiones y en combates armados organizados por los comandos del narcotráfico.
“El gran argumento para apoyar las penas alternativas es el de que ellas van a aliviar la superpoblación en las prisiones”, dijo. “También hay la retórica sobre evitar la ‘contaminación moral’ – la misma fórmula antigua repetida por los criminólogos durante casi 200 años”.
El Fiscal Ricardo de Oliveira Silva, que defendió la nueva ley, apoyó al argumento de Arangurí Soto, diciéndole al Christian Science Monitor que la nueva ley puede significar un corte de un tercio en el número de personas enviadas a la cárcel por los jueces. Eso reduciría enormemente la superpoblación, dijo.
“Esta ley no despenaliza el consumo de drogas”, denunció Arangurí Soto. “Sigue castigando a los usuarios, pero ahora los trata como si fueran enfermos. Activa la justicia terapéutica y legitima el papel moralizador del estado cuando se trata de la conducta individual”, debatió. “La nueva ley es una trampa, una trampa ‘moderna’, compasiva, curativa y terapéutica”.
Arangurí y sus colegas brasileños se han juntado a un debate que ha creado alboroto en los círculos estadounidenses de la reforma durante años, pero que fue intensificado con la campaña por, y la aprobación de, la Proposición 36 de California en las elecciones de Noviembre de 2000. Un punto de vista más esperanzado fue asumido en una entrevista de 2003 concedida a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas [4] por el director del Proyecto de Políticas de Drogas del Colegio de Abogados de la Comarca de King, Roger Goodman. “La reforma siempre se da con dos pasos hacia delante, un paso hacia atrás”, dijo Goodman, “pero ahora toda esta idea de tratamiento en vez del encarcelamiento se ha pasado a la corriente principal. Ya no es más radical. El próximo paso es la reglamentación gubernamental de las drogas en vez de la reglamentación gubernamental del comportamiento humano. Eso es mucho más radical”.
De cualquier manera, la nueva ley de Brasil ha sido esperada durante largo tiempo. Presentada por primera vez por el Congresista Murad en 1991, el proyecto demoró cinco años para ser aprobado por la cámara de los diputados y otros cinco para pasar por el Senado. Entonces, languideció durante otros cinco años antes que el gobierno Lula se dispusiera a firmarlo.
Ahora, Brasil ha dado un paso hacia delante. La pregunta es cómo la nueva ley será implementada y si servirá como piedra angular o obstáculo a políticas de drogas más progresistas.