La residente de Nueva Orleáns, Pearl Bland, fue presa y encarcelada por acusaciones de tenencia de pertrechos para consumo de drogas en agosto de 2005, pocas semanas antes que el Huracán Katrina devastara la ciudad. Ella se confesó culpable el 11 de agosto y su juez ordenó que fuera libertada al día siguiente para que fuera puesta en un programa de rehabilitación química. Reconociendo que Bland era indigente, él suspendió las multas y tasas, pero Bland no fue puesta en libertad al día siguiente. La Prisión Parroquial de Orleáns (OPP) la mantuvo presa porque ella debía $398 en multas y tasas de una detención anterior. Ella tenía una audiencia judicial en Agosto y otra programada para el 20 de septiembre en la cual las multas y tasas muy probablemente habrían sido suspendidas.
Pearl no pudo comparecer a la audiencia de septiembre. En vez de eso, cuando llegó el Katrina, ella se juntó a los millares de prisioneros atascados en el purgatorio. Tras ser golpeada por sus compañeras en la OPP mientras los adjuntos se encogían de hombros, Bland fue evacuada, primero a la prisión estadual de seguridad máxima en Angola y, por fin, a una cárcel en la Parroquia de Avoyelles. En junio, ella contactó desesperadamente a la American Civil Liberties Union (ACLU), que por su vez contactó a abogados junto a la Clínica de Derecho Penal de la Universidad de Tulane, los cuales lograron ponerla en libertad el 28 de junio. Bland no pudo comparecer a su audiencia de puesta en libertad, así como no pudo estar presente en las cuatro audiencias de las semanas anteriores, porque sus carceleros no querían entregarla al tribunal.
“Pearl Bland pasó 10 meses en prisiones por todo el estado en razón de $398 en multas y tasas que su juez probablemente habría suspendido si ella hubiese comparecido al tribunal”, dijo Tom Javits, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones [2] de la ACLU. “Pero, a causa de la tempestad y de la respuesta a ella, Bland tuvo que esperar meses para que le tocara su vez en la corte, y apenas porque buscó ayuda”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.
Un año después del Katrina, millares de presos no han visto un abogado ni tampoco han sido citados, ni siquiera han comparecido ante un juez. Escandalosamente, nadie tiene un cómputo firme – o si lo tienen, no lo dicen. “Nadie sabe los números”, dijo la profesora de derecho Pamela Metzger, que dirige la Clínica de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de Tulane y aquellos estudiantes han ido a las cárceles y prisiones de Luisiana en busca de los presos del Katrina. “Cuando le pedimos a la fiscalía que nos ayude con esto, para que las personas puedan tener abogados, ellos dicen que no es su trabajo. Sólo desde Junio, mis estudiantes han logrado rastrear y libertar cerca de 95 personas”, dijo Metzger. “Pero no tenemos ninguna manera de saber cuántos están en la cárcel”.
Cuando la Crónica le hizo la misma pregunta al director ejecutivo de la ACLU de Luisiana, Joe Cook, él dio la misma respuesta. “Yo no sé cuál es el número. Pregúntele al fiscal”, dijo.
La fiscalía de Nueva Orleáns no contestó las muchas llamadas en busca de información sobre el número de personas arrestadas antes o después del Katrina que aún tienen que ver un abogado o tener una audiencia judicial. Igualmente, y eso quizá sea un indicio del estado de las cosas en la defensoría pública, nadie contestó el teléfono a pesar de diversas llamadas. (Ésa no es toda la verdad. En una ocasión, una mujer contestó, pero ella dijo que era contadora y que no había nadie en la oficina.)
Las estimativas publicadas del número de presos de Nueva Orleáns a los que se negó sus derechos básicos a defensa legal y a un juicio ligero han estado entre los 3.000 y 6.000.
Parte del problema es el colapso casi total del sistema de defensa de los indigentes en la ciudad. Ya estaba en pésima forma antes de la tempestad, y entró en colapso junto con el resto del sistema de justicia criminal después de la tormenta. Pero aunque las autoridades fueran rápidas en arreglar el aparato de represión legal, fue necesario esperar hasta junio para que los tribunales criminales empezaran a funcionar, y la defensoría pública, que depende de los réditos de las multas para financiar sus operaciones, no tenía dinero. Ahora, casi tres cuartos de los defensores públicos simplemente se han ido aun a pesar de ser necesarios para representar a casi 85% de los reos criminales en la ciudad.
La situación llamó la atención del Departamento de Justicia de los EE.UU., que en un informe lanzado en abril [5] concluyó que: “La gente espera en la cárcel sin ninguna acusación y los juicios no pueden ser realizados; aun los reos que desean confesarse culpables deben tener un abogado para que el juez acepte el acuerdo. Sin los abogados de defensa de los indigentes, actualmente Nueva Orleáns tiene falta de un verdadero proceso de defensa, el proceso para asegurar que aun la persona arrestada más pobre reciba un acuerdo justo, que el gobierno simplemente no puede enclaustrar a sospechosos y olvidarse de ellos... para la vasta mayoría de los individuos arrestados”, descubrió el estudio, “la justicia simplemente no está disponible”.
La situación también está empezando a irritar a los jueces de Nueva Orleáns. En mayo, el Juez Jefe de la Corte Criminal del Distrito, Calvin Johnson, emitió una orden que exigía que todos los acusados de infracciones de tránsito o del código municipal fuesen citados, en vez de encarcelados. La ciudad tiene “un número limitado de espacios en la cárcel y no podemos llenarlos con gente acusada de infracciones menores como la perturbación del orden, la invasión de propiedad o por escupir en la vereda... No estoy exagerando. Había gente en la cárcel por escupir en la vereda”, reclamó.
La semana pasada, otro juez de corte distrital de Nueva Orleáns, Arthur Hunter, fue noticia cuando amenazó empezar a realizar audiencias esta semana para poner en libertad a algunos de los presos detenidos durante meses sin abogados ni audiencias judiciales. Eso debería haber pasado el martes, pero no sucedió. En vez de eso, el Juez Hunter postergó la audiencia después que los fiscales plantearon sus preocupaciones.
Aunque los disturbios en el sistema fueran inevitables después del Katrina, Metzger de la Universidad Tulane puso parte de la culpa en la fiscalía. “Ellos tomaron muy malas decisiones y son impedidos por una especie de respuesta refleja de que todo tiene que ser procesado totalmente. Ellos no buscan esclarecer los casos; en vez de eso, ellos dejan que las personas esperen sin abogados hasta que estén dispuestas a confesarse culpables”, dijo. “Es una forma de extorsión acusatoria”.
No son apenas las personas que estaban en la cárcel cuando llegó el Katrina, sino muchos de aquellos arrestados desde entonces que han desaparecido en el gulag fangoso, dijo Metzger. “La semana pasada, encontramos un hombre que había estado detenido en la prisión de seguridad máxima de Angola desde enero. Él fue atrapado por tenencia de drogas, su único antecedente era por marihuana y él ha estado aguardando en una de las peores prisiones en el país sin ni siquiera consultar a un abogado durante ocho meses”, exclamó ella. “Logramos una orden para su puesta en libertad. Él debería haber salido el martes, pero aún está en la cárcel. Simplemente no sabemos cuántos más hay como él”.
La fiscalía no solamente no está cooperando, sino que está muy obstinada, denunció Metzger. “Entramos con un pedido de derecho a juicio ligero en nombre de un hombre llamado Gregory Lewis que ya había cumplido 10 meses de una contravención de drogas con un máximo de seis meses. La fiscalía combatió eso y su moción decía en verdad que, voy a citarla, ‘No es irrazonable detener a supuestos adictos a las drogas en la cárcel durante más tiempo que las otras personas; ello permite que las drogas mortíferas salgan de sus metabolismos’”, dijo ella.
La moción de la fiscalía se refería oblícuamente a la desintoxicación, lo que es irónico dado que no existe dicha instalación en Nueva Orleáns. “No hay ningún lecho de desintoxicación en toda la ciudad”, dijo Samantha Hope de la Hope Network, un grupo que busca financiación privada para abrir un centro de tratamiento y recuperación en el corazón de la ciudad. “La mayoría de las personas en la OPP ahora es gente que no pudo tener acceso al tratamiento de un problema con el alcohol o las drogas. Así han sido las cosas desde el principio”, le dijo ella a la Crónica. “En vez de penalizar a la gente que tiene problemas con el alcohol o las drogas, necesitamos encontrar una manera de darles apoyo. Confrontar nuestro sistema correccional devorador de dinero, nuestra red conservadora y el racismo, eso es difícil de hacer”.
Los estudiantes de Tulane han entrado con algunos casos de juicio ligero, pero ni todos fueron lo suficientemente dichosos para tener un estudiante de derecho de Tulane trabajando en su caso para que puedan abrir un pedido de juicio ligero. “A fin de entrar con una moción para juicio ligero, hay que tener un abogado y millares aún no tienen defensa”, explicó Cook de la ACLU de Luisiana. “El sistema de defensa de los indigentes estaba en la quiebra mucho antes del Katrina y ahora es un completo desastre”, le dijo a la Crónica.
Los presos de la guerra a las drogas son un número considerable, pero desconocido, de aquellos que cumplen “Katrina time”, dijo Cook. “Definitivamente, es una proporción considerable de ellos”, dijo, “pero muchos de ellos ni siquiera han sido acusados formalmente. En Nueva Orleáns, como en la mayor parte de las grandes áreas urbanas, probablemente es seguro decir que una pluralidad de detenciones criminales está relacionada con las drogas”.
Hay soluciones, pero no vendrán fácilmente. “Tenemos que tener una defensoría pública que sea financiada con dinero seguro y previsible”, recomendó Metzger. “Tenemos que ir más allá de la confianza en las multas para financiar esa oficina. Si hubiéramos tenido defensores públicos, habría habido alguien atento para registrar los abusos”, dijo ella.
“Segundo, necesitamos tener fiscales que comprendan sus obligaciones con la comunidad”, prosiguió Metzger. “Su trabajo no es simplemente conseguir condenaciones, sino hacer justicia, y lo que eso significa variará de acuerdo con los hechos y circunstancias individuales. Lo que la justicia post-Katrina exige no es lo que la justicia exigía antes del Katrina. Si usted estuviera viviendo en Nueva Orleáns en el otoño de 2005 y si no estuviera borracho o dopado, probablemente tenía un problema. Todos estaban medicados o automedicándose”.
Cook tenía su propia serie de recomendaciones para un arreglo. “Primero, prendemos la calefacción. Hice una visita al fiscal esta mañana y le pedí que acelerase los procesos”, reveló. “Queremos asegurar que exista un plan coordinado de evacuación de emergencia para todas las prisiones y cárceles y le hemos pedido a la división de derechos civiles del Departamento de Justicia que eche un vistazo a lo que pasó en la OPP y desde entonces. Parte de ella examinará por qué estas personas no tuvieron abogados de defensa ni su turno en la corte”.
Prender la calefacción es precisamente lo que un grupo comunitario recién formado está intentando hacer. Y no están objetivando solamente a los fiscales y el sistema de defensa pública. “La policía ha adoptado un nuevo punto de vista de lo que pertenece a la ciudad ahora y ese punto de vista no incluye a los negros pobres”, dijo Ursula Price de Safe Streets, Strong Communities, un grupo que organiza a las personas que estuvieron en la cárcel o fueron brutalizadas de cualquier otra forma por la policía. La Safe Streets, Strong Communities está administrando dos campañas, una para fortalecer la defensoría pública de indigentes y otra para mejorar las condiciones en la propia cárcel. “Ellos les dicen a nuestros miembros que ‘no deberías haber regresado, no queremos tu laya aquí’”, le dijo ella a la Crónica. “La raza es un problema, la economía es un problema y nuestros adolescentes están aguantando lo peor de ello. Ellos siempre son asediados por la policía”.
Es una cuestión de opciones, dijo Price. “Tenemos tantos policías como antes de la tempestad y mitad del total de personas y justo les hemos dado un aumento. El departamento municipal de finanzas gasta deliberadamente la vasta mayoría de su dinero en la seguridad pública, y, entonces, ya no resta nada para los servicios sociales, que están siendo sacrificados de propósito”, dijo ella. “Pero estoy alentada porque la comunidad está empezando a darse cuenta. Cuando las personas descubran que estábamos gastando medio millón de dólares por semana en la Guardia Nacional sin tener ningún impacto, ellas empezarán a movilizarse”.
Cook tenía una lista completa de reformas necesarias, que van de la disminución de la población carcelaria a parar la práctica de usarla para detener a presos estaduales y federales, crear programas adecuados de salud y tratamiento dentro de la cárcel y disminuir el número de personas presas como detenidas pret-juicio. “Necesitamos encaminamiento antes del juicio, la reforma de las fianzas y citar y emitir políticas para disminuir la población carcelaria”, debatió. “Se necesita voluntad política para hacer esto. Es un crimen encarcelar a un niño cuando hay una opción y hay muchas otras opciones. Y debemos tratar el abuso químico como cuestión de salud pública, no como una cuestión de represión legal”.
Los prospectos parecen sombríos. “Va a ser necesario un liderazgo esclarecido y veo apenas muy poca esperanza de eso”, dijo Cook. “Pero no vamos a desistir. El sistema estadual de juzgado de menores está finalmente pasando por reformas a causa de la presión de las familias y los activistas y creo que será necesario el mismo tipo de esfuerzo para arreglar las cosas a nivel de adultos y aquí en Nueva Orleáns, a nivel parroquial. Eso ya está pasando aquí con la Coalición de Reforma de la OPP, la gente de Safe Streets y todo eso”.
Pero falta muchísimo para que eso pase en Nueva Orleáns.