El lunes, el gobierno mexicano anunció que ha reemplazado a todos los jefes de la policía federal en todos los 31 estados y el Distrito Federal para determinar si están combatiendo el narcotráfico o encubriéndolo. La medida sucede después de seis meses de ofensiva del presidente Felipe Calderón contra los dichos carteles poderosos y violentos que ha presenciado el enjambre de más de 20.000 soldados y policías en ciudades y estados considerados semilleros del narcotráfico.
Los 32 jefes purgados deben someterse y pasar en exámenes toxicológicos y en el detector de mentiras antes de ser reconsiderados para sus cargos. Su estatus financiero también será examinado. Si pasan por la inspección, deben ser entrenados nuevamente antes de ser reasignados.
La corrupción relacionada con la prohibición de las drogas ha sido la perdición de las agencias de seguridad mexicanas durante décadas. Ahora, más una vez, la purga de la policía es vista como algo necesario por los altos funcionarios. Justo el mes pasado, seis policías federales fueron arrestados por proteger cargamentos de cocaína en el aeropuerto de Mexicali.
“Cada policía federal está obligado a desempeñar su cargo con legalidad, honradez y eficiencia”, dijo el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en una rueda de prensa el lunes [2] anunciando la limpia. “En el combate contra la criminalidad, tenemos estrategias. Uno de los ejes de esta estrategia es la profesionalización y depuración de los cuerpos de policía”.
Cerca de 7.000 de los 20.000 policías federales de México, quienes investigan los delitos de drogas y los homicidios, han sido asignados a trabajar junto con los más de 12.000 soldados desplegados en la guerra contra las drogas de Calderón. Han surgido temores de que la policía, que trabaja lado a lado con los soldados, pueda estar socavando la campaña de Calderón al pasarles información a los narcotraficantes.