Portugal ha sido el tema de mucha atención últimamente por haber despenalizado la tenencia de drogas. Pese a que la despenalización haya estado en vigor hace ocho años, solamente este año ha llamado la atención del mundo. El éxito del abordaje portugués fue tema de un artículo de Glenn Greenwald de Salon [2] que fue encargado por el Instituto Cato y bastante leído y comentado este año. La semana pasada recibió encomios de un organismo muy insospechado: la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que no logró encontrar mucho de qué quejarse [3] en su Informe Mundial sobre las Drogas del 2009.
Ahora el Bloque también incentiva activamente la participación de ENCOD [4], la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces, en el desarrollo de la nueva legislación sobre la droga. La alianza sucede demasiado tarde para influenciar el proyecto de ley sobre la marihuana, pero posibilita una entrada para los reformadores de las políticas de drogas en el proceso en futuras leyes de drogas o aun en la revisión del actual proyecto sobre la marihuana si el Parlamento no lo aprueba este año.
“Los contactos entre ENCOD y el Bloque fueron concertados por activistas e integrantes comunes”, explicó el portugués Jorge Roque, miembro del comité ejecutivo de ENCOD, estudiante de derecho, periodista y activista.
Según el anteproyecto de ley [5], del cual la Crónica obtuvo una copia, los consumidores de marihuana pueden adquirir “la cantidad necesaria para el consumo medio individual durante el período de 30 días […]” conforme a lo determinado por la legislación existente sobre la despenalización o 15 gramos de hachís y 75 de marihuana. La dosis diaria media es medio gramo de hachís y 2,5 gramos de marihuana. Los individuos podrían cultivar 10 plantas como máximo y tener la cantidad para 30 días y también hasta 10 plantas.
El anteproyecto pide puntos de venta al por menor autorizados por los concejos municipales. Dichos establecimientos minoristas no tendrían permiso ni para vender alcohol ni para dejar que lo consuman en las dependencias. Tampoco podrían quedar a menos de 500 metros de colegios y se prohibirían tanto la utilización como la presencia de máquinas y otros instrumentos de juego. Se vedarían la entrada y la presencia de menores de 16 años y de enfermos mentales manifiestos.
El anteproyecto prohíbe la publicidad, pero exige que los paquetes de los productos de marihuana destinados al menudeo revelen claramente la proveniencia, la cantidad y una declaración que exponga la opinión de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos y los riesgos del consumo.
El proyecto también estipula que el Instituto Nacional de Farmacia y del Medicamento de Portugal fiscalice el cultivo al por mayor de marihuana para abastecer el comercio minorista. Además, acuerda un impuesto sobre la venta de cannabis que se determinará mediante la aprobación del Presupuesto del Estado.
La gente que trafique en marihuana fuera de los parámetros establecidos en el anteproyecto podría ser castigado con cuatro a 12 años de prisión para los delitos graves y cuatro años como máximo para los delitos menos graves. Los minoristas o mayoristas autorizados que quebranten los reglamentos pueden ser castigados con hasta tres meses de prisión o una multa de hasta 30 días de salario mínimo.
Las perspectivas inmediatas del proyecto de ley son inciertas. El Bloque de Izquierda es un partido pequeño y cuenta solamente con ocho de los 230 escaños en el Parlamento. Pero el gobierno es controlado por partidos de izquierdas y el Bloque posee la reputación de partido en boga que se encuentra en la vanguardia del cambio político en el país.
“A decir verdad, al principio pensé que esto no se aprobaría jamás, pero con el transcurso del tiempo y tras discutirlo con los diputados, estoy mucho más optimista”, dijo Roque. “Por supuesto, el Bloque de Izquierda no logrará aprobarlo a solas, pero, como de costumbre, provoca el debate de ideas y luego, como lo consideran un grupo inteligente y humano, puede conseguir respaldo entre otros partidos políticos".
Aunque sea demasiado tarde para que ENCOD influencie esta ley, el grupo todavía puede implicarse en el debate, dijo Joep Oomen, coordinador de ENCOD. “ENCOD puede contribuir con información sobre la necesidad de tomar medidas coherentes y no ponerle paños calientes, como ha sucedido antes con la despenalización de la tenencia. Portugal debe aprender con las experiencias en Holanda. Aquí, las políticas liberales sobre el cannabis cuyo éxito se ha comprobado durante más de 30 años corren el riesgo de ser abolidas a causa de la presión de los partidos cristianos, que siguen culpando estas políticas por problemas que, en verdad, son causados por la prohibición”, dijo.
Oomen aludía al “problema de la puerta trasera” de Holanda, según el cual se tolera la venta de marihuana sin que exista una disposición para abastecer legalmente los cafés cannábicos neerlandeses. Eso ha resultado en el crecimiento de la participación de la delincuencia organizada en el negocio de la marihuana en Holanda.
“Es muy sencillo”, dijo Oomen. “Cuando se permite que la gente consuma, se debe permitirle que tenga y si le permiten que tenga, se debe permitirle que cultive, produzca, compre o venda. Si uno nomás se detiene a medio camino y se niega a regular el primer elemento necesario en el proceso (el cultivo o la producción), se crean más problemas que soluciones”.
Para Roque, la experiencia de Portugal con la despenalización fue crucial a fin de preparar el terreno para el proyecto de ley sobre la legalización. “La despenalización nos ha ayudado a perder los tabúes y romper el miedo a ser enjuiciado por drogas y hoy día Portugal está mucho más listo para avanzar”, dijo Roque.
Los convenios sobre las drogas de la ONU son un gran tabú que persiste, pero ni Oomen ni Roque parecían estar muy preocupados por ellos. “Portugal no necesita impugnar abiertamente los convenios de la ONU”, dijo Oomen. “Con tal de que el proyecto de ley tenga miras a regular el cultivo de cannabis para consumo personal, no se lo puede considerar una violación de los convenios internacionales, los cuales dejan que las autoridades nacionales traten de la situación del consumo de drogas”.
Roque fue un poquito más combativo. “Los convenios internacionales y el Tratado de Lisboa no proporcionan soluciones en estos asuntos y los convenios de la ONU fueron ratificados por la voluntad específica de un país”, dijo Roque. “Cuando los convenios de la ONU no presentan ninguna solución que sea buena para el interés nacional, solamente un país burro los seguirá para siempre”.
Ahora Portugal puede poner a prueba los convenios y su interpretación si su Parlamento elige hacerlo.