El martes el Comité de Presupuestos de la Cámara de Diputados de EE. UU. aprobó un texto que buscaba la clarificación de la postura del gobierno Obama respecto a la marihuana medicinal [2] en los estados en que ella es legal. Eric Holder, ministro de Justicia de EE. UU., ha hecho varias declaraciones que indican que la administración no llevaría a cabo enjuiciamientos de la gente que actúe en conformidad con la legislación estatal, pero han ocurrido algunas redadas de la DEA en California, los proveedores de marihuana medicinal siguen siendo sentenciados a cumplir pena en prisiones federales y los procesamientos federales por marihuana medicinal permanecen en tramitación y todo eso resulta en confusión a propósito de la postura real del gobierno.
En los últimos años Hinchey, juntamente con el diputado Dana Rohrabacher (R-CA), ha patrocinado la enmienda Hinchey-Rohrabacher, que habría impedido que la DEA utilizara fondos federales para allanar a proveedores de marihuana medicinal en los estados en que ella es legal. Ahora, pese a los comentarios de Holder, Hinchey y el comité tratan de eliminar cualquier ambigüedad en la postura del gobierno.
El texto forma parte del proyecto de la ley de presupuestos para Comercio, Justicia, Ciencia y Temas Relacionados referente al año fiscal de 2010. El pleno de la Cámara ponderará la medida en algún momento de las próximas semanas.
“Me alegro mucho de que el Comité de Presupuestos de la Cámara aprobara hoy una disposición sencilla y franca que proporcionará claridad con relación a lo que es precisamente la política del gobierno Obama respecto a la marihuana medicinal”, dijo Hinchey. “Las declaraciones públicas del presidente Obama y del ministro Holder en defensa de la determinación de los estados con relación a su propia marihuana medicinal me han animado bastante, pero sigo preocupado por el asunto ya que el gobierno federal [de EE. UU.] todavía ha proseguido con las redadas en los estados que autorizan el consumo de marihuana para efectos médicos. Esta disposición proporcionará al Congreso [de EE. UU.] la transparencia que necesitamos para determinar si se necesita cualquier otra providencia legislativa. Es imperativo que el gobierno federal respete los derechos de los estados y no estorbe a los pacientes que tienen enfermedades debilitantes como el cáncer y consumen marihuana medicinal en conformidad con la legislación estatal para aliviar sus dolores”.
La medida fue una buena noticia para los militantes pro marihuana medicinal. “Estamos contentos por ver que por fin el gobierno federal [de EE. UU.] se dirige a la cordura respecto a la marihuana medicinal”, dijo Aaron Houston, director de relaciones gubernamentales de Marijuana Policy Project [3]. “Ninguna persona que luche contra una enfermedad grave y siga la legislación de su estado debería vivir con miedo a nuestro gobierno federal y ansiamos por conseguir garantías de que dejarán en paz a los pacientes dolientes”.
Americans for Safe Access [4] (ASA, por sus siglas en inglés) también alabó a Hinchey y al comité. “ASA aplaude el liderazgo continuo del congresista Hinchey en este asunto y se alegra del apoyo del Comité de Presupuestos de la Cámara [de EE. UU.] a esta disposición”, escribió Caren Woodson, directora de asuntos gubernamentales de ASA. “Espero que esta disposición ayude a clarificar quiénes arbitrarán si ha habido cualquier infracción de la legislación estatal según la nueva política. Esto es especialmente importante para los militantes pro marihuana medicinal en la medida en que los reos federales todavía están prohibidos de proporcionar cualquier evidencia durante juicios federales de que las actividades de que son acusados fueron hechas con arreglo a la legislación estatal. Como tal, ASA cree que es absolutamente imperativo que se maneje estrictamente dentro del estado cualquier presunta infracción de la legislación estatal”.