Doblegándose a los deseos del primer ministro canadiense Stephen Harper, el lunes los parlamentarios (MPs) del Partido Liberal unieron fuerzas con los conservadores de Harper para aprobar el polémico C-15 [2], un proyecto de ley sobre la condenación mínima obligatoria para delitos de drogas. El proyecto sufrió la oposición de los parlamentarios del Nuevo Partido Democrático (NDP, por sus siglas en inglés; NPD, por sus siglas en francés) y del Bloc Québécois.
También sucedió después de vistas sobre el C-15 en que 13 de los 16 testigos, incluso expertos en justicia penal, salud y reducción de daños, testificaron en contra del proyecto. Entre ellos se encontraba Eric Sterling, director de la organización Criminal Justice Policy Foundation [3] de EE. UU., quien redactó la ley sobre las mínimas obligatorias para el Congreso estadounidense en calidad de asesor jurídico del Comité de la Cámara sobre el Judiciario de EE. UU. en los años 1980 y presenció el defecto de la política de primera mano.
A continuación el proyecto de ley procede al Senado canadiense. Diferentemente de EE. UU., los senadores canadienses son nombrados, no elegidos, y normalmente – pero no siempre - el Senado canadiense acata las decisiones de la Cámara. Los observadores tienen alguna esperanza de que, en el presente caso, el Senado, que pidió la legalización de la marihuana en un informe del 2002 [4], trate de bloquear o enmendar el proyecto. El Senado también puede estrangularlo de hecho al negarse a tomar providencias antes de que se convoquen nuevas elecciones.
Conforme a la medida, se promulgarían sentencias mínimas obligatorias para una serie de delitos de drogas, incluso una pena automática de seis meses de prisión por el cultivo de una cantidad tan pequeña como cinco plantas de marihuana. Cultivar más de cinco plantas conllevaría una sentencia mínima obligatoria de dos años y dichas condenas también valdrían para otras drogas, como la cocaína y la metanfetamina.
Las duras sentencias tienen miras a “los narcotraficantes contumaces, la gente que, en esencia, busca destruir a nuestra sociedad”, dijo Rob Nicholson, ministro canadiense de Justicia, en vísperas de la aprobación del proyecto. Pero los críticos acusaron que ello terminaría visando a los infractores primerizos de menor entidad y llenando las prisiones canadienses de ellos.
“Me parece una noticia malísima”, le dijo la parlamentaria Libby Davies (NPD-Vancouver East) a la revista Cannabis Culture [5] de Vancouver. “Las pruebas demuestran muy, muy manifiestamente – abrumadoramente – que la condenación mínima obligatoria no es una política eficaz cuando se trata de los delitos de drogas. Temo que más gente vaya a estar en prisión y contestar cargos porque sabe que hará frente a una sentencia mínima obligatoria. Eso significa más tiempo en los tribunales y más fallos acumulados”.
“Los grandes y medianos traficantes no recibirán ningún incremento específico en sus castigos porque un gran narcotraficante ya recibiría de seis meses a un año por cualquier especie de tráfico”, dijo Marc Emery, activista pro marihuana de Vancouver y editor de Cannabis Culture. “Lo que veremos es que personas que normalmente no irían presas serán afectadas. En su mayoría serán jóvenes en patios de recreo – porque traficar alrededor de una escuela conlleva una pena incrementada. Las penas incrementadas de seis meses, un año, dos años, afectarán casi exclusivamente a personas con 25 años de edad o menos”.
“El abordaje de la justicia penal no solamente no ha alcanzado su meta inicial de disminuir el consumo y la oferta de drogas, también ha exacerbado el problema”, dijo Jacob Hunter, director de políticas de la organización recién formada Beyond Prohibition Foundation [6]. “Se presentaron más de 50 estudios científicos al comité que lo declaraban inequívocamente, pero el Partido Conservador ignoró esas evidencias y prefirió hablar de la violencia y la delincuencia en nuestras calles, de visar exclusivamente a los traficantes adictos y de menor entidad y de hacerlo a grandes expensas para las familias y los contribuyentes. En vez de repetir los equívocos costosos del pasado, debemos tomar una nueva dirección”.
La oposición del Partido Liberal podría haber bloqueado el proyecto de ley, pero en cambio lo apoyó por motivos políticos, dijo Hunter. “Los liberales temen perder votos en distritos electorales suburbanos y rurales y no saben cómo contrarrestar las acusaciones de ser ‘indulgentes con la delincuencia’”, dijo. “La mayor parte de los liberales tiene conciencia de las pruebas contra el C-15 y, de hecho, por lo visto hubo una discrepancia vivaz en las camarillas por el apoyo al proyecto, pero, a fin de cuentas, los cuadros liberales optaron por respaldarlo”.
Hunter tenía esperanzas, pero no estaba optimista, de que el Senado tomara providencias para impedir la aprobación del C-15. “Es difícil saber lo que va a pasar, siendo que muchos senadores prometieron combatir este proyecto hasta que sea necesario; raramente el Senado ha bloqueado un proyecto aprobado por la Cámara de los Comunes”, manifestó.
Pero a estas alturas, la acción - u omisión - decisiva en el Senado es todo lo que queda entre Canadá y la adopción de la condenación mínima obligatoria para delitos de drogas. Qué lástima que los conservadores de Canadá, quienes están jugando con base en un cuaderno de jugadas obsoleto de EE. UU., se nieguen a aprender las lecciones de los fracasos de dichas políticas al sur de la frontera. Y qué lástima que los liberales estén tan amedrentados y acobardados que, aunque sepan lo que es mejor, votan por tales medidas en el nombre de la conveniencia política.