Los cocaleros, quienes normalmente son campesinos en las regiones más empobrecidas de Colombia, nunca han sido considerados criminales, pero eso puede cambiar si el presidente Álvaro Uribe se sale con la suya. No satisfecho con trabar la guerra contra la hoja de coca y el tráfico de cocaína, como ha hecho a lo largo de sus dos mandatos en el poder, o con volver a penalizar la tenencia de drogas [2], como intenta hacer actualmente por tercera vez, ahora Uribe quiere perseguir a las bases de la cadena de suministro de drogas también.
Durante el gobierno Uribe, Colombia ha adoptado de todo corazón el Plan Colombia inspirado por Washington, que ha gastado casi US$ 6.000 millones en la última década, en su mayoría con equipos militares y policíacos y la fumigación de cocales. Pero pese a todos los años y miles de millones de dólares, Colombia sigue siendo el actual productor más grande de coca del mundo y los niveles de producción son semejantes a lo que eran hace una década.