A fines de la semana pasada, las dos cámaras del Congreso mexicano aprobaron un proyecto de ley [2] que despenalizaría la tenencia de pequeñas cantidades de drogas. La medida forma parte de un proyecto general con miras al tráfico de pequeñas cantidades de drogas y la racionalización de la lucha de México contra los carteles violentos.
El proyecto fue propuesto por el presidente Felipe Calderón, pero el apoyo a ello oriundo de su Partido Acción Nacional (PAN) de la situación ha menguado. Empero, a la mayoría de los observadores que conversó con la Crónica esta semana le parece que sancionará el proyecto.
El Congreso mexicano aprobó una ley parecida en el 2006, pero el entonces presidente Vicente Fox se negó a sancionarla tras escuchar las protestas del gobierno Bush. Esta vez, sin embargo, Washington no ha dicho pío ya a favor del proyecto, ya contra ello.
Entre las principales disposiciones del proyecto:
- Despenaliza cantidades de drogas para “consumo personal”;
- Reconoce la reducción de daños como principio guía;
- No exige el tratamiento forzoso de la toxicomanía para los que tienen drogas para “consumo personal”;
- Reconoce el consumo cultural y tradicional de drogas;
- Permite que estados y municipalidades enjuicien el narcomenudeo, un delito manejado exclusivamente por las autoridades federales hoy en día;
- Permite que la policía haga compras de drogas para fines de investigación.
Las cantidades de las varias drogas que están despenalizadas para consumo personal son:
- opio - 2 gramos;
- cocaína - medio gramo;
- heroína - 1/10 gramo;
- marihuana - 5 gramos;
- LSD - 150 microgramos;
- metanfetamina - 1/5 gramo;
- éxtasis - 1/5 gramo.
La medida viene en medio de los altos niveles de violencia en curso al paso que el presidente Calderón intenta tomar medidas enérgicas contra los carteles ricos, poderosos y sanguinarios de México. Aproximadamente 10.000 personas han muerto en la violencia relacionada con la prohibición en México desde que Calderón convocó a las Fuerzas Armadas para combatir los carteles a principios del 2007. El enfrentamiento multifacético opone el Estado Mexicano contra los carteles, los carteles los unos contra los otros y aun facciones del mismo cartel las unas contra las otras.
La medida también se topa con un telón de fondo de niveles cada vez más altos en México y cada vez más preocupación respecto a problemas asociados con el consumo de drogas. Últimamente los carteles han descubierto que su país natal también es un mercado cada vez más rentable para sus artículos. Ahora si viaja a los barrios correctos prácticamente en cualquier ciudad mexicana, se encontrarán puntos de venta de drogas ilegales al por menor a pie de la calle.
“Parece ser un paso adelante, dos pasos atrás”, dijo Isaac Campos Costero, profesor adjunto de Historia en la Universidad de Cincinnati y profesor visitante en el Centro de Estudios México-Americanos de la Universidad de California en San Diego. “Si hablamos de reducir la crisis de la violencia en México, me parece que este proyecto no hace nada bien y quizá lo agrave. No va a reducir la demanda y al mismo tiempo busca enjuiciar a camellos de modo más enérgico”.
“Es bueno y coherente con lo que pasa en otras partes de Latinoamérica que esto indique cada vez más apoyo a la despenalización, reduzca la delincuencia de los usuarios de drogas y reconozca los usos culturales”, dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la organización Drug Policy Alliance [3]. “La idea de la despenalización de la tenencia fundada en parte en los derechos humanos y la salud pública ha conseguido una verdadera tracción en la región, lo que es algo sorprendente considerando el largo recelo con las drogas y la delincuencia organizada”, dijo.
“Pero hay esta otra parte de ello que trata de la guerra de Calderón contra los traficantes; forma parte del empoderamiento de la fuerza pública”, prosiguió Nadelmann. “Hay una seria preocupación de que la fuerza pública haya perdido la ventaja para los gánsteres y el riesgo aquí es el de que la nueva ley le dé a la policía aún más oportunidad para que persiga a camellos y adictos que venden drogas para sustentar sus vicios, mientras que desvían la atención de los infractores que cometen delitos de sangre graves".
Para los reformadores mexicanos organizados como el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas [4], aunque el proyecto de ley sea un adelanto, “no implicar una política integral desde una visión ante todo de salud pública y de respeto a los derechos humanos puede traer consecuencias muy negativas para el país”. En un boletín [5] lanzado después que el proyecto fue aprobado por el Congreso, el grupo alabó la ley por distinguir entre consumidores, adictos y criminales, por aumentar la cantidad de marihuana de dos para cinco gramos, por reconocer el rol de la reducción de daños y por eliminar la disposición que habría exigido la rehabilitación para los consumidores.
Pero el grupo también expresó su preocupación por otras partes del proyecto. “La ley considera sólo de manera tangencial el problema del consumo de drogas y se limita a intentar definirlo jurídicamente”, observó el colectivo. “Apuesta, en cambio, por profundizar una estrategia policiaca y militar probadamente fallida. Con ello, constatamos un nulo interés del gobierno federal por la salud pública y los derechos de las personas”.
El colectivo también temía que la ley “[criminalice] a un inmenso grupo de personas que vive de la venta de drogas al menudeo, pero que en realidad no forma parte consciente del crimen organizado, sino que se trata de un ejército de reserva de desocupados. Encarcelarlos no servirá para disminuir la oferta de drogas en las calles, ni mejorará la seguridad pública; sin embargo serán la justificación de la guerra contra las drogas, ya que el gobierno podrá presumir del número de personas encarceladas por esta política”.
Las cantidades despenalizadas son demasiado pequeñas, dijo el grupo, y eso resultará en problemas. “Las cantidades de droga no corresponden con la realidad del mercado de drogas en las calles. (Por ejemplo, se supone que un consumidor puede portar 0,5 gramo de cocaína, cuando en la calle se vende por gramo.) [Ello] permite anticipar un crecimiento exponencial de la corrupción y la extorsión de las policías hacia los consumidores”, decía la declaración.
Jorge Hernández Tinajero, asesor de la diputada Elsa Conde del Partido Socialdemócrata, también es el presidente del colectivo.”Elsa fue a la sesión y criticó enérgicamente el proyecto de ley por decir que no era una política integrada, sino una nueva manera de hacer más corrupción y reducir más gente a prisión, especialmente mujeres que necesitan desesperadamente trabajar y ganar un poco de dinero”, relató. “Ella dijo que un 70% de las mujeres en prisión allí se encuentra porque son narcomenuderas”.
“Aunque el proyecto de ley se quede corto, por lo menos despenaliza la tenencia para consumo personal y el tratamiento ya no es obligatorio si pillan a uno con su dosis personal”, dijo el Dr. Humberto Brocca, integrante del colectivo. “Ahora no habrá necesidad de mostrar que uno es adicto y, por lo tanto, candidato al tratamiento”, dijo al referirse a la actual ley mexicana, que crea una laguna para los adictos que tienen drogas.
“Hay un poco de todo”, dijo Ana Paula Hernández, una consultora mexiquense sobre políticas de drogas y derechos humanos. “Los titulares dirán que se ha despenalizado la tenencia de drogas, pero cuando se lo examina más de cerca, las consecuencias pueden ser serísimas”, dijo. “Ahora las autoridades estatales y municipales podrán enjuiciar delitos relacionados con el narcomenudeo. Eso sería bueno si México fuera un país diferente, pero la corrupción es tan extrema en aquellos ámbitos que darles a estas autoridades estos poderes puede incrementar muchísimo su nivel de implicación en el crimen organizado”.
Queda por ver si el proyecto causará algún impacto sobre los grandes carteles que son en apariencia el blanco de la ofensiva del gobierno mexicano.
“Me parece que esto no va a causar ningún impacto sobre la guerra del gobierno contra los carteles”, dijo Hernández. “Para que eso suceda, necesitamos una reforma estructural y democrática de las fuerzas policíacas y del judiciario en los ámbitos estatal y municipal mediante la reasignación de recursos para campañas de prevención e información sobre el consumo de drogas con una perspectiva de reducción del riesgo y del daño; y por supuesto mediante otras medidas como la verdadera despenalización”.
Brocca también anticipó más arrestos a consecuencia del proyecto, pero poco impacto sobre la violencia que atormenta al país. “Sip, barrerán en su mayoría a los pequeños para que el partido en el poder luzca bien”, dijo, “pero probablemente no causarán ningún impacto sobre la violencia relacionada con la prohibición”.
Es probable que cualquier providencia que tome México no vaya a causar un impacto considerable sobre la violencia sin cambios en las políticas de drogas estadounidenses, dijo Campos Costero. Con todo, la aprobación del proyecto puede surtir un importante efecto psicológico, dijo.
“Desde un punto de vista simbólico, tan pronto como esto entre en vigor y el Armagedón no pase y la sociedad no se desmorone, esto puede ayudar a descomponer las actitudes un poco y preparar el terreno para reformas más considerables en el futuro”, dijo Campos Costero.
El proyecto de ley también puede socavar la oposición histórica de México al relajamiento de la legislación antidroga al norte de la frontera. “México ha sido contra los intentos de reforma de EE.UU. respecto a la marihuana en el pasado, pero al aprobar este proyecto, México reduce efectivamente su capacidad de quejarse de la reforma de las políticas de drogas en EE.UU. en el futuro”, dijo Campos Costero. “Y eso es significativo”.
Pero eso no quiere decir que los mexicanos no armarían un escándalo si EE.UU. se dirigiera a reformas radicales en las políticas de drogas, observó Campos Costero. “Durante años y años, los mexicanos han estado escuchando comentarios condescendientes de EE.UU. sobre cómo no se ponen suficientemente duros con las drogas, entonces si EE.UU. llevaran a cabo la legalización, la opinión pública mexicana se alocaría. Para ellos es un problema de demanda, pero por supuesto la verdad es que un problema de políticas”, dijo. “Si hubiera políticas de drogas más racionales, podríamos mantener los mismos niveles de demanda, pero eliminar estos problemas”.