Una ley de Ontario que impide que alcohólicos y drogadictos reciban beneficios de larga duración por incapacidad infringe el Código de Derechos Humanos de la provincia, falló el viernes pasado [2] el Tribunal Divisional de Ontario. El fallo deroga efectivamente una disposición del Programa de Apoyo a la Incapacidad de Ontario promulgada por el antiguo gobierno conservador en 1997 que prohíbe a personas de recibir beneficios de larga duración si su “único detrimento” fue la adicción.
La decisión de la semana pasada fue la última en una querella jurídica de 10 años de dos hombres de Ontario, Robert Tranchemontagne y Norman Werbeski, que padecen de alcoholismo. Les negaron la asistencia de larga duración del Programa de Apoyo a la Incapacidad y, en cambio, descubrieron que estaban aptos solamente para los beneficios de Ontario Trabaja.
Diferentemente del programa de auxilio a la discapacidad, el programa de empleo exige que los beneficiarios se involucren en “actividades de asistencia laboral”. Ontario Trabaja también ofrece beneficios considerablemente menores, US$ 536 al mes, en comparación con los US$ 959 al mes del programa de auxilio a la discapacidad.
Los dos perdieron cuando apelaron del fallo ante el Tribunal de Beneficios Sociales de la provincia, pero en el 2006, la Corte Suprema de Canadá ordenó que el tribunal reconsidere el caso para ver si la ley infringía el Código de Derechos Humanos. El tribunal lo hizo y descubrió que la excepción para la incapacidad por adicción realmente violaba el código.
El gobierno de Ontario apeló de ese fallo y se celebró una vista en diciembre. Allí, los testigos del gobierno argumentaron que casi todas las personas adictas podían trabajar y que pagos menores podían proporcionar un incentivo a la recuperación. Pero los expertos en medicina a favor de los dos hombres replicaron que los adictos tienen una mejor oportunidad de recuperarse si sus vidas son estables, con estrés bajo e ingresos adecuados para sustentarse.
Los ministros del Tribunal Divisional de Ontario se ladearon por unanimidad con los dos hombres. El gobierno no proporcionó una “justificación defendible” para su decisión de tratar a los adictos diferente de otras personas con incapacidades, escribió la ministra Denise Bellamy por el tribunal. La legislación de Ontario “promueve una actitud estereotípica respecto a los adictos. Indica que los que no sufren de otro trastorno reconocido por la medicina no están verdaderamente discapacitados o, en todo caso, no están tan discapacitados como las personas con trastornos concordantes”, escribió la jueza Bellamy.
“El Código de Derechos Humanos no permite que escojamos entre las discapacidades que nos gustan y las que no nos gustan”, dijo la abogada Lesli Bisgould. El gobierno de Ontario debería “seguir adelante” y ya no darse el trabajo de apelar, le dijo ella al National Post [3].
Ontario pondera si va a proseguir con la apelación, dijeron los abogados del gobierno.