El jueves el presidente Obama viajó a México, D.F. para, entre otras cosas, volver a plantear su apoyo al paradigma antidroga existente al paso que reiteraba su respaldo a la guerra sanguinaria del presidente mexicano Felipe Calderón contra los carteles ricos, poderosos y violentos de México. Qué lástima que no programó su viaje para unos cuantos días antes, porque entonces podría haber presenciado el nacimiento de un nuevo paradigma en las políticas de drogas.
En un momento anterior de la semana, el Congreso mexicano celebró un debate de tres días sobre los méritos de despenalizar el consumo personal de marihuana. El debate, conocido como los Foros para la Regulación del Cannabis en México [2], reunió a funcionarios del gobierno, representantes electos, académicos y expertos en una discusión vivaz de las políticas mexicanas para la marihuana.
Pese a que México sea un país conservador en cuestiones sociales y el consumo de marihuana sea relacionado por la gente – tal vez injustamente – con la criminalidad de las clases bajas, las repercusiones sangrientas de la guerra del presidente Calderón contra los carteles están creando un espacio sociopolítico para discusiones sobre la reforma que habrían sido imposibles hace una década. Desde que Calderón desató al Ejército mexicano contra los carteles a principios del 2007, el número de víctimas ha ascendido a más de 10.000 y la violencia espectacular y ejemplar ha escandalizado a la sociedad mexicana.
Aunque el presidente Calderón haya propuesto una ley que ofrecería a los fumadores de marihuana tratamiento en lugar de cárcel, Calderón y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) de la situación se han abstenido de pedir la legalización o la despenalización. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) de izquierdas es a favor de la despenalización, mientras que el Partido Socialdemócrata (PSD) menor ha pedido la despenalización de la tenencia de todas las drogas [3].
En el 2006, Vicente Fox, el antecesor de Calderón, tomó providencias para aprobar una ley sobre la despenalización. Pero retiró el proyecto de ley tras ser presionado por EE.UU.
Aunque Obama no haya opinado respecto a la legalización o la despenalización de la marihuana en México, la DEA lo ha hecho. Cualquiera de los rumbos representaría “un fracaso” de las políticas de drogas estadounidenses y mexicanas, le dijo Anthony Placido, director de inteligencia de la DEA, a El Universal [4] el miércoles. “La legalización de la marihuana en México supondría más miseria y más personas adictas a las drogas”, dijo. Él argumentó que tampoco debilitaría a los carteles; más bien, simplemente cambiarían su atención para centrarse en otras actividades ilegales.
Parece que aun el PAN de la situación está abierto a alguna especie de reforma. “Está claro que una regulación totalmente prohibitiva no ha sido la solución a todos los males”, dijo Blanca Heredia, comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. “Igualmente ilusorio sería pensar que la legalización completa del cannabis sería la panacea”.
Cuando se trata de la marihuana, dijo Heredia, ni la legalización total ni la prohibición total deberían ser la política, sino algo entre las dos. “Toda nueva solución es necesariamente parcial”, dijo. “Toda decisión implica riesgos y trae consigo nuevos problemas. Se trata de balancearlos cuidadosamente, de analizar rigurosamente el impacto que las diferentes propuestas tendrían en el mercado de las drogas y en la industria del crimen organizado”.
Javier González Garza, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dijo que, aunque fuera a favor de despenalizar la marihuana, el tema debería ser discutido aparte de otras especies de drogas, como la cocaína, la heroína y las drogas sintéticas.
“Nosotros lo que no queremos es la criminalización de los jóvenes por consumir o portar marihuana, eso no lo queremos”, dijo González. “Ése es el punto central, y ¿por qué lo pongo así? No queremos por muchas razones, la primera es una razón práctica: si nosotros hacemos delito grave el consumo o la portación de marihuana, no hay cárceles en México que aguanten, simple y llanamente no hay”.
Mientras que los políticos hablaban de política, otros llevaban la discusión a esferas más elevadas. El filósofo Rodolfo Vázquez Cardoso cuestionó si es éticamente justificable penalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Observó que aunque el tema de gran parte de la discusión fuera el de los efectos nocivos del consumo de drogas, el tema central, al contrario, debería ser el de la libertad.
“No es un objetivo legítimo del sistema jurídico promover planes de vida buenos o virtuosos porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionadamente los planes de vida y los ideales de virtud que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias”, dijo Vázquez. La prohibición de las drogas, añadió, tiene fundamento en un “paternalismo represivo” y viola el principio de la autonomía personal.
Para Ana Paula Hernández de la Fundación Angélica, los derechos humanos y el imperio de la ley eran preocupaciones clave. Aludió a la “desmedida militarización del país como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado” y advirtió que los más afectados por la lucha contra la drogas eran las comunidades campesinas pobres, “el eslabón más débil” en la cadena de producción de estupefacientes.
“Estas ideas de fiscalizar las drogas prohibidas son innovadoras”, dijo Luis Astorga, científico político y experto en políticas de drogas. “Cuando se trata de la droga, no tenemos que seguir el camino de Estados Unidos, que no ha funcionado. Necesitamos desarrollar ideas y políticas distintas de las de EE.UU. Tenemos una muy buena oportunidad de hacer algo independiente, como han hecho en Europa y Canadá”, dijo.
Pero Armando Patrón Vargas del Consejo Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud mexicano dijo que la despenalización no era necesaria porque México no penaliza la drogadicción. “No veo que haga falta y sea urgente la necesidad de modificar el estatus y despenalizar el consumo”, manifestó en el foro. El gobierno mexicano garantiza el tratamiento de los adictos, dijo, aunque reconoció que la infraestructura y la inversión para este fin son insuficientes.
El Dr. Humberto Brocca, estudiante de la herbolaria y la medicina tradicional e integrante del Grupo Cáñamo pro reforma dijo en el foro que ya era hora de terminar con los perjuicios y los estigmas sociales contra los fumadores de marihuana e instó a los legisladores a que sean impávidos en proceder a la regulación “porque el miedo no es buen consejero”.
El miércoles Brocca le dijo a la Crónica que aunque no esperara cambios rápidos en la legislación sobre la droga, el foro era un principio. “Quiere decir que la sociedad está exigiendo algo de verdad respecto a cuestiones importantes”, dijo.
Aun los paños calientes de la despenalización serían una gran diferencia, dijo. “Sacaría el cannabis del circuito criminoso, haría bajar los precios y aseguraría una buena calidad”, dijo Brocca. “También sacaría el cannabis de su rol de pancarta rebelde para los jóvenes, convirtiéndolo de ese modo en algo menos atractivo para ellos. Ayudaría asimismo la fuerza pública a no desperdiciar su tiempo con pequeñeces y centrarse en los problemas importantes, como ir tras de los narcotraficantes. Además, libertaría a mucha gente que actualmente cumple pena por una nada”.
Los legisladores de México han tenido su oportunidad de discutir la reforma de la legislación sobre la marihuana. Ahora ya es hora de redactar y aprobar la ley necesaria para poner tales reformas en vigor. Pero como se avecinan las elecciones a mitad del mandato en un par de meses, probablemente poca cosa sucederá hasta entonces.