El sábado, el Gobernador de California, Arnold Schwarzenegger (R), firmó silenciosamente un proyecto de ley [2] que permitirá que los infractores no-violentos salgan de la condicional antes si completan un programa intensivo de tratamiento químico. Según la nueva ley, los condenados bajo libertad condicional que deseen participar serán enviados directamente a un programa de tratamiento residencial de cinco meses. Después de la graduación, saldrán de la condicional.
La nueva ley entrará en vigor en Enero. Solamente los infractores no-violentos serán elegibles y deben haber cumplido por lo menos seis meses de tratamiento químico mientras estaban en la prisión.
La condicional post-liberación ha probado ser onerosa para muchos infractores. De acuerdo con la Secretaría de Corrección y Rehabilitación de California [3], 47% de los condenados bajo condicional son devueltos a la prisión como infractores de la condicional. Son personas que cometieron faltas administrativas – no notificar la nueva dirección o el nuevo empleo al oficial de la condicional, sacar positivo en un examen toxicológico --, no nuevas infracciones criminales. Más 15% de los presos bajo libertad condicional son devueltos a la prisión bajo nuevas acusaciones criminales. Actualmente, hay más de 116.000 personas en libertad condicional en California.
Defendido por la Senadora Jackie Speier [4] (D-Hillsborough), el proyecto logró el apoyo de una variedad de grupos, incluso del poderoso sindicato de los agentes penales. “Los presos bajo condicional que demuestren el nivel de compromiso con el tratamiento merecen el reconocimiento por sus esfuerzos”, le dijo el vocero del sindicato, Lance Corcoran, al Los Angeles Times [5] el miércoles. “Es un concepto que vale la pena apoyar”, dijo. “La única cuestión es cómo van a conseguir un número suficiente de lechos de tratamiento químico para todos los que se califiquen”.
La Senadora Speier le dijo al Times que ella defendía la medida porque cerca de tres cuartos de los 172.000 presos del estado tienen problemas con las drogas o con el alcohol. “Si podemos ayudarlos a derrotar sus adicciones y quitarlos de esta desgracia de regresar a la prisión, ahorraremos centenas de millones de dólares de los contribuyentes”, dijo Speier.
Ahora, la cuestión es de donde va a salir el dinero. El estado ahorrará $4.340 por año por cada ex condenado si no tiene que hacer la supervisión. El proyecto firmado esta semana no destina ningún fondo a la expansión del tratamiento, pero Speier sugirió que los ahorros en los costos de la condicional podían sufragar los nuevos lechos.