El lunes, el gobierno Bush lanzó su informe anual “Determinación Presidencial sobre los Grandes Países Productores o de Tránsito de Drogas” [2] y tanto el propio informe como los voceros del gobierno Bush usaron la ocasión para lanzar ataques contra Bolivia y Venezuela. El ataque contra Bolivia está relacionado con el cambio de la erradicación forzada de los cultivos de coca bajo la política “cero cocaína, no cero coca” del Presidente Evo Morales, pero el ataque contra Venezuela, que no es ni un gran país productor de drogas ni atípico en la región en ser usado como punto de transferencia para la cocaína colombiana, parece tener poco que ver con su adhesión a las metas de las políticas estadounidenses de drogas y mucho que ver con la relación cada vez más contraria entre el Presidente de Venezuela Hugo Chávez y el gobierno Bush.
La lista de grandes países productores o traficantes de drogas sigue la misma desde el año pasado. Están incluidos Afganistán, las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, la República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, India, Jamaica, Laos, México, Birmania, Nigeria, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
Apenas dos países – Birmania y Venezuela – estaban determinados a haber “fracasado demostrablemente” en cumplir sus obligaciones según los tratados internacionales de control de las drogas. Birmania ha reducido la producción de adormideras, pero sigue siendo una dictadura militar aislada. Las sanciones contra Venezuela fueron suspendidas a pesar de todo, a causa de una creencia del gobierno de que “los programas para ayudar a las instituciones democráticas de Venezuela son vitales para los intereses nacionales de los Estados Unidos” (pese a que muchos en el hemisferio tengan sospechas sobre lo que eso realmente significa desde el apoyo tácito del gobierno Bush a una tentativa de golpe contra Chávez en Abril de 2002 y en razón del destino del dinero).
“La importancia de Venezuela como punto de transferencia de drogas destinadas a los Estados Unidos y Europa ha seguido creciendo en los últimos 12 meses, una situación tanto permitida como explorada por funcionarios venezolanos corruptos”, acusó el secretario de prensa Snow.
El gobierno Bush podría tener un poco más de tracción con dichas acusaciones si no destacara a Venezuela. México, por ejemplo, no es mencionado en el texto del informe anual, excepto en la lista de los grandes países traficantes a pesar de la corrupción incontrolada, la violencia relacionada con el narcotráfico en niveles récordes y una respuesta gubernamental que es curiosamente débil. Guatemala tampoco es mencionada, a pesar del hecho de que el director de su agencia antidroga, Adam Castillo, se confesó culpable en tribunal federal en Washington [3] hace apenas dos semanas por conspirar para contrabandear cocaína al país.
“Ésta es la misma farsa por la cual pasan todos los años”, dijo Sanho Tree, director del Proyecto de Políticas de Drogas del Institute for Policy Studies. “Esencialmente, son determinaciones políticas”. La suspensión para seguir canalizando dinero a grupos antichavistas es una señal clara de eso, dijo Tree. “Si ellos quitaran la certificación de Venezuela sin la suspensión, no pueden canalizar todo ese dinero a través de la llamada oposición pro democracia”, le dijo él a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas.
El gobierno venezolano, de su parte, rechazó su designación como colaborador fracasado en la guerra contra las drogas y acusó al gobierno de los EE.UU. de “politizar” las políticas internacionales antidrogas. En una declaración oficial [4] emitida el lunes, el gobierno dijo que “Venezuela denuncia la seguida politización de importantes cuestiones bilaterales por el Departamento de Estado de los EE.UU. El gobierno Bush sigue practicando conscientemente una política de reemplazar los hechos por declaraciones infundadas, motivadas por simples diferencias políticas cuyo propósito explícito es el de aislar a Venezuela”.
La declaración siguió observando que Venezuela había confiscado más de 35.000 quilogramos de drogas el año pasado y que sus esfuerzos antidrogas habían recibido elogios internacionales. En comentarios a principios de este mes, los funcionarios británicos elogiaron la “tremenda cooperación” de Venezuela en el combate a las drogas, en tanto que los franceses hablaron de la “intensa cooperación” y dijeron que las autoridades españolas y venezolanas “son eficientes en registrar y detener individuos que pueden estar transportando drogas”.
La declaración venezolana también llevaba una amenaza implícita. El gobierno Chávez echó a la DEA de Venezuela [5] el año pasado en medio de acusaciones de que estaba espionando al gobierno venezolano, y, desde entonces, los dos países han estado negociando un nuevo acuerdo que permita el funcionamiento de la agencia allí. “Acusaciones infundadas, como aquellas contenidas en el informe del gobierno Bush, no ayudarán a finalizar un acuerdo tan importante como éste”, advirtió la declaración.
Aunque el ataque de Bush contra los antecedentes antidrogas de Venezuela tenga indicios de política de las potencias globales, sus críticas de Bolivia están basadas en preocupaciones estadounidenses más tradicionales con las políticas de drogas. “Mi gobierno está preocupado con la caída de la cooperación antinarcóticos boliviana desde Octubre de 2005”, dijo Bush en el informe. “Bolivia, el tercer productor más grande de cocaína del mundo, ha llevado a cabo políticas que han permitido la expansión del cultivo de la coca y desacelerado el paso de la erradicación hasta mediados del año, cuando la retomó. La política del Gobierno de Bolivia de ‘cero cocaína, pero no cero coca’ se ha concentrado principalmente en la interdicción, para la casi exclusión de sus complementos necesarios, la erradicación y el desarrollo alternativo”.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, amplificó aquellos comentarios en una rueda de prensa el lunes. “A pesar del aumento en la interdicción de las drogas, Bolivia ha llevado a cabo políticas que han permitido la expansión del cultivo de la coca y han disminuido considerablemente la erradicación”, dijo. Snow advirtió que el gobierno de los EE.UU. está esperando para ver si el gobierno boliviano va a erradicar el número mínimo de hectáreas, hacer los cambios en la ley boliviana deseados por los EE.UU. y controlar estrictamente la venta de la hoja de la coca. Los EE.UU. van a revisar la observancia boliviana a las metas de las políticas de drogas de los EE.UU. en seis meses, dijo.
Los bolivianos respondieron solamente con un poco menos de rispidez que los venezolanos. “El gobierno de los Estados Unidos ha cometido un error de lectura respecto de las políticas antidrogas bolivianas”, dijo el vocero del gobierno Alex Contreras en una declaración oficial [4] el lunes. “Bolivia invita a los EE.UU. a juntarse a la política de la cocaína cero y recuerda que son los principales productores de precursores químicos para transformar la coca en cocaína. Además, tienen el mercado más grande de consumidores de drogas ilegales”.
El gobierno boliviano logrará su meta de erradicar 5.000 hectáreas de coca este año, dijo Contreras, añadiendo que esa marca “habrá sido suavemente ultrapasada, no por la imposición del gobierno de los EE.UU., sino por nuestra propia voluntad y sin usar gas lacrimógeno, ni hablar de la represión y las confrontaciones”, una clara referencia a los conflictos sangrientos entre los cocaleros y los gobiernos bolivianos pasados que intentaron imponer las políticas de erradicación forzada a la estadounidense.
La erradicación voluntaria está sucediendo de veras, dijo Kathryn Ledebur de la Andean Information Network [6] sedeada en Bolivia, que cuestionó los plazos estrictos del gobierno Bush. “Creo que es irónico que la erradicación forzada haya llevado nueve meses durante el gobierno Banzer y ahora quieran resultados radicales en seis meses. Ningún país puede cumplir eso”, le dijo ella a la Crónica. “La cuestión verdaderamente difícil es el plazo de seis meses para eliminar las plantaciones personales de coca de los agricultores. Eso puede llevar el gobierno boliviano al extremo. Esto sugiere que el gobierno Bush no tiene la menor idea sobre lo que debería ser hecho, pero quiere una reprimenda firme oficialmente”.
Ledebur también encontró ironía en las denuncias de los EE.UU. acerca de la falta de progreso en el desarrollo alternativo. “Eso es financiado y motivado por los EE.UU.”, señaló ella.
Tanto Ledebur como Tree estuvieron de acuerdo que Bolivia está abordando enérgicamente al tráfico de cocaína. “La interdicción de la cocaína es un resultado concreto que el gobierno boliviano puede señalar”, dijo Tree. “La coca no se iguala a la cocaína y hasta que se vuelva cocaína, la coca debería ser un problema doméstico y no algo en la agenda de los EE.UU. Si Bolivia puede reglamentar con éxito el destino de la coca, ello no debería ser un problema. Evaluar a Bolivia sobre cuántas hectáreas de coca erradica es una métrica insignificante”.