Inspirados por las iniciativas municipales que volvieron la marihuana la “menor prioridad legal” en Seattle y Oakland, los activistas en tres ciudades californianas – Santa Bárbara, Santa Cruz y Santa Mónica – están ocupados trabajando para garantizar que medidas similares sean aprobadas allí en Noviembre. Los organizadores en todas las tres ciudades dicen que sus perspectivas de victoria son buenas.
Las tres iniciativas municipales de California contienen un texto casi idéntico y se autodescriben similarmente. Como observa la página web de la Santa Monicans for Sensible Marijuana Policy [2], el grupo que administra la campaña allá, la iniciativa “vuelve los delitos de marihuana, en que el cannabis sea pretendido para uso personal adulto, la menor prioridad legal” y “libera recursos policíacos para concentrarse en la criminalidad violenta y seria, en vez de arrestar y prender a usuarios no-violentos de cannabis”.
La iniciativa de Santa Cruz da más un paso al establecer una posición municipal oficial en favor de la legalización de la marihuana. Allá, la iniciativa “establecería una política municipal en apoyo a los cambios en las leyes estaduales y federales que piden la tasación y reglamentación del uso adulto de marihuana”.
El lote de iniciativas de este año es resultado directo de la campaña de Oakland de 2004, la Medida Z, en la cual los activistas organizados como la Oakland Civil Liberties Alliance [3] (OCLA) lograron aprobar una iniciativa que vuelve los delitos adultos de marihuana la menor prioridad e instruir la ciudad a defender la tasación y reglamentación de la marihuana. Aunque la OCLA no esté involucrada formalmente en las iniciativas de este año, algunos de sus miembros, como Richard Lee de Oaksterdam News [4] y el Café Bulldog, han ayudado a financiar el esfuerzo. Otros, como la activista de largo tiempo, Mikki Norris de la Cannabis Consumers Campaign [5], y el director de la NORML California [6], Dale Gleringer, han sido instrumentales como consejeros.
“Tras nuestra experiencia exitosa con la Medida Z en Oakland, nosotros de la OCLA queríamos difundir esto alrededor de California para mostrar un amplio apoyo, entonces, el año pasado, nosotros y la NORML California auspiciamos una conferencia estadual de los activistas en la cual divulgamos nuestra estrategia de Oakland y buscamos cuáles otras áreas en el estado podrían ser susceptibles a hacer algo similar”, le dijo Norris a la Crónica de la Guerra Contra las Drogas. “La consultora política que habíamos usado, Susan Stevenson de la Next Generation [7], redactó una solicitud de donación al Marijuana Policy Project [8] (MPP) diciendo que estábamos interesados en iniciativas o ordenanzas en cinco ciudades y conseguimos un contrato con el MPP que nos proporcionaba financiación básica. Aún tenemos que recaudar más fondos, pero esa donación posibilitó esto”, dijo ella.
Después de eso, dijo Norris, los activistas estrecharon sus enfoques. “Encontramos gente en lo que parecían buenas áreas y empezamos a recaudar fondos para conducir encuestas para ver si eran viables, examinamos la demografía y concordamos en estas tres ciudades”.
En verdad, West Hollywood y San Francisco también fueron objetivadas, pero en la primera, un regidor municipal presentó una ordenanza aceptable para los organizadores y ellos desistieron de su campaña por la iniciativa. Esta semana en San Francisco, los supervisores municipales pasaron a adoptar una ordenanza de menor prioridad.
Los organizadores en las tres Santas están trabajando duro ahora para asegurar la victoria en Noviembre, les dijeron ellos a la Crónica en términos impresionantemente similares. “Las cosas parecen bien aquí”, dijo la vocera de Sensible Santa Barbara [9], Lara Cassell. “Hemos sido muy exitosos hasta el momento y no hay oposición organizada”, le dijo ella a la Crónica. “En realidad, nadie se importó en enviar un argumento de oposición para la votación, lo que es fabuloso. Santa Bárbara es muy amigable respecto de nuestra cuestión”.
La Sensible Santa Barbara estaba beneficiándose de la ayuda proporcionada por los activistas de todo el estado, dijo Cassell, “pero tenemos la suerte de tener muchas personas en la comunidad que nos apoyan. Nos sentimos muy bien con esto. Estamos fiados de que ello será aprobado”.
“Las cosas andan muy bien aquí”, dijo Kate Horner, directora de campaña de Sensible Santa Cruz [10], el grupo que lidera el esfuerzo allí. “No hay ninguna oposición organizada, pese a que algunos líderes comunitarios se hayan pronunciado en contra de la iniciativa por los costos posibles. Pero, esos costos serán mínimos”, le dijo ella a la Crónica. “En Seattle y Oakland, ellos dicen que los costos son básicamente una cuestión de fotocopiar las acusaciones y nada más”.
Diferentemente de las iniciativas de Santa Bárbara y Santa Mónica, la iniciativa de Santa Cruz va más allá del texto de menor prioridad. “Esa disposición requeriría que el escribiente municipal enviara anualmente cartas a los funcionarios de los gobiernos estadual y federal declarando la preferencia de la ciudad a favor de un modelo de tasación y reglamentación”, explicó Horner. “Ésa sería la política de nuestra ciudad”.
El apoyo a la no-penalización de los usuarios de marihuana está en alza en Santa Cruz. En una encuesta hecha en Noviembre [11], más de 80% de las personas allí eran opuestas a la penalización de los fumadores de marihuana.
“Los datos de esa encuesta nos dieron nuestra orden”, dijo Horner. “Realmente mostraban fuerte apoyo. Desde entonces, simplemente ha sido una cuestión de construir coaliciones por toda la comunidad. Estoy confiada que la comunidad quiere redirigir los recursos de los infractores no-violentos de la legislación antimarihuana a los criminales violentos”.
“Las cosas parecen bien aquí”, dijo Nicki LaRosa, vocera del esfuerzo de Santa Mónica. “Nuestra estrategia es involucrar lo máximo de personas posible. Hay mucha gente aquí que ha expresado apoyo y estamos trabajando para garantizar que expongamos el mensaje y llevemos nuestros votantes a las encuestas”, le dijo ella a la Crónica.
“Sí tenemos la oposición de la policía – ellos redactan el argumento electoral contra la iniciativa --, pero también tenemos mucho apoyo de la comunidad. La policía dice que la marihuana ya es una baja prioridad, pero las estadísticas que hemos visto muestran que las personas aún siguen siendo arrestadas. Queremos enviar el mensaje a Sacramento y Washington de que Santa Mónica está lista para la próxima fase de terminar la guerra a las drogas al despriorizar los delitos de marihuana”.
Santa Mónica parece ser el lugar más difícil, dijo Norris. “Nos sentimos seguros en Santa Cruz y Santa Bárbara; Santa Mónica es el lugar que más nos preocupa”, dijo Norris. “Estamos esperando la oposición de la asociación de los oficiales de la policía. Santa Mónica es un gran desafío. Es una ciudad progresista, pero también ha pasado por una transformación en los últimos años con los hoteles de lujo y el aumento de los precios de las propiedades. Y diferentemente de Oakland, aun los progresistas parecen alinearse con la policía en Santa Mónica. La ciudad es muy específica políticamente y tiene un fuerte componente NIMBY [Not In My Back Yard; según la Wikipedia [12], la expresión en castellano es SPAN, o Sí, Pero Aquí No]”, dijo ella con preocupación.
Pero, Norris también observó que las cuestiones políticas actuales pueden causar un impacto positivo en todas las tres ciudades. “Estas iniciativas son especialmente oportunas ya que California se depara actualmente con una crisis enorme de superpoblación carcelaria”, ella señaló. “Ya es hora de repensar quiénes estamos colocando en estas prisiones superpobladas y establecer prioridades. Podemos seguir construyendo prisiones a un costo de centenas de millones de dólares o podemos examinar las políticas alternativas que paran de enviar a tantos infractores no-violentos a la prisión. Las ciudades y el estado seguramente ahorrarán dinero al no prender, procesar y encarcelar a ciudadanos obedientes a la ley por la marihuana”, debatió.
Y el estado no solamente puede ahorrar dinero, también puede ganar dinero al pasar a tasar y reglamentar, discutió Norris. “Últimamente, ha sido noticia en todas partes que el aparato judiciario-legal está encontrando y desenraizando miles y miles de cultivos de marihuana en tierras públicas con el valor en la calle estimado en la casa de los millones”, dijo ella, aludiendo al frenesí de erradicación otoñal anual del estado. “No parece estar causando mucho impacto en la oferta. El mercado en este estado es enorme. Concebiblemente, podíamos recaudar billones de dólares en réditos y ayudar a financiar los servicios si controláramos, tasáramos y reglamentáramos el cannabis”.
Ése es el plan que no es de tan largo plazo, confesó Norris. “Queremos establecer esto para que en el día de las elecciones podamos decir que la gente por toda California quiere parar de arrestar a los infractores de la legislación antimarihuana y hacer que la policía se concentre en los crímenes violentos”, dijo ella. “Esperamos recibir una respuesta suficientemente grande en estas elecciones sea para inspirar otra ronda de iniciativas, sea para pasar a todo el estado”, dijo Norris. “Por fin, nuestra meta es llevar la reforma fundamental de la legislación sobre la marihuana a todo el estado”.