La semana pasada, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) afiliada a la ONU les hizo un llamamiento a Bolivia y Perú para que prohibieran el mascado y el cultivo de la planta de coca, pero los dos gobiernos lo han rechazado. El gobierno del presidente boliviano Evo Morales va a dar más un paso. En vez de prohibir la planta, anunció que planea gastar $300,000 este año en un intento de desarrollar mercados legales para productos a base de coca.
Aunque Morales, un ex sindicalista cocalero, haya anunciado la financiación por primera vez el mes pasado, su gobierno decidió darle publicidad tras la estela del llamamiento de la JIFE la semana pasada. Ilder Cejas, portavoz del viceministerio de Defensa Social, le dijo a la Associated Press [2] el martes que el dinero sería invertido en la “industrialización” de la hoja de coca. El gobierno boliviano espera que, ampliando los mercados legales para los productos a base de coca como el té, la crema dental, la harina y las medicinas herbales, pueda rescatar la hoja del narcotráfico.
Pese a que el empleo de preparaciones de la coca sea común en los Andes, la Convención única sobre estupefacientes de 1961 de las Naciones Unidas, que, junto con sus tratados sucesores, forma el espinazo legal del régimen mundial de la prohibición, lista la planta de coca como droga prohibida, como la cocaína, la heroína y el opio. Conforme al tratado de 1961, la práctica de mascar coca debía haber sido “abolida” hacia 1987. Eso no ha sucedido.