El plan del presidente colombiano Álvaro Uribe para erradicar manualmente 100.000 hectáreas de coca este año dio con oposición violenta la semana pasada cuando unos 2.000 campesinos cortaron una ruta en las afueras de Medellín, destruyeron una caseta de peaje y lucharon con la policía para protestar contra la campaña de Uribe. Los labradores exigen dos años para cambiar para cultivos legales.
Los gobiernos estadounidense y colombiano han gastado billones de dólares en los últimos años en labores de erradicación de los cocales allá, pero el país sigue siendo el principal productor de coca y cocaína del mundo. Las protestas campesinas y tiroteos entre soldados y rebeldes ilustran los obstáculos enfrentados por Uribe y sus aliados en Washington.
Para los labradores fuera de Medellín, proteger sus cocales es una cuestión de supervivencia, dijeron funcionarios municipales. “Lo que están pidiendo son soluciones a su seguridad alimentaria y a su sustento”, le dijo Miguel Ángel Gómez, alcalde del municipio de Tarazá, a la Reuters [3].
“Protestamos porque al acabarse el cultivo ilícito, que todos sabemos que es ilícito y hace daño, se acaba el sustento de nuestras familias, se acaba el pan de nuestras familias”, le dijo un granjero a una emisora local de televisión.
El gobierno colombiano les ha echado la culpa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero más grande del país, por fomentar las protestas. Como muchos otros actores en el conflicto colombiano, las FARC obtienen beneficios con la coca y el tráfico de cocaína.