Aun mientras la fuerza pública y sus aliados en el Congreso toman providencias para devolver los fondos al aguerrido programa Byrne de Subvenciones de Auxilio a la Justicia [2] (JAG, por su sigla en inglés), que es más conocido por financiar a las legiones de destacamentos antidrogas estaduales y municipales actuantes en varias jurisdicciones que ahora vagan por el país, el gobierno Bush ha golpeado otra vez, de esta vez proponiendo desdoblarlo en un programa más amplio de subvenciones y financiarlo en apenas $200 millones. Ahora, la fuerza pública tendrá que resistir hasta lo último para recobrar los cortes del año pasado en tanto que, al mismo tiempo, tiene que intentar persuadir al Congreso a deshacer los cortes propuestos en el presupuesto de este año.
Beneficiario de $520 millones el año pasado, el programa JAG, que está activo hace dos décadas y permite que estados complementen sus dispendios antidrogas con dinero oriundo de impuestos federales, ya había sufrido una bajada considerable con relación a niveles anteriores de financiación. Durante los tres últimos años, como medida de recorte de gastos, el gobierno Bush ha intentado reducirlo a cero de una vez, pero eso ha demostrado ser extremadamente impopular junto al Congreso. Este año, la Cámara fue a favor de financiar la parte de paquetes de ayuda del programa en $600 millones y el Senado en $660, pero en negociaciones presupuestarias de última hora, la Casa Blanca insistió que los fondos fueran cortados para $170 millones.
Aunque los fondos federales para destacamentos antidrogas de la fuerza pública parezcan ser sagrados en un gobierno republicano de ley y orden, hay varios motivos por los cuales el programa JAG es un blanco tentador para los cortadores de gastos, dijo Eric Sterling, director ejecutivo de la Criminal Justice Policy Foundation [4] y ex asesor del Comité de la Cámara sobre el Judiciario de EE.UU.
“Primero, Bush no disputa la reelección, entonces no hay coste político en ese sentido”, dijo Sterling. “Y si el Congreso sí le hace caso a la policía, Bush puede culpar al Congreso por exceder su presupuesto”.
Y la presión de los cortes inminentes hace parte del tercer motivo por que el JAG está en juego ahora: imperativos burocráticos. “El déficit presupuestario es un verdadero dolor de cabeza para todas las agencias”, dijo Sterling. “Para un gerente dentro del Ministerio de Justicia de EE.UU. deparado con cortes que despedirían a agentes del FBI o jefes de policía o deparado con el corte de un programa que sólo le da dinero a alguien más, la opción es fácil. Es mucho más fácil para la Justicia decir: ‘cortemos esto’”.
Ese tipo de decisión es facilitado un poco por un informe de 2005 del OMB [5] que indubitablemente es uno de los sustentáculos del intento del gobierno Bush de cortar el programa. El OMB dijo que el programa “no ha mostrado resultados” y descubrió que se sacó una nota bajísima cuando fueron evaluados el planeamiento, el diseño, la administración estratégica, los resultados y la rendición de cuentas. El mismo tipo de evaluaciones estaba detrás de otros programas de combate a las drogas que el gobierno ha cortado o intentado cortar, como el programa mediático del secretario antidroga para los jóvenes y el Centro Nacional de Informaciones sobre las Drogas, que una vez más está para ser cortado.
Como señaló la Crónica en nuestro reciente informe sobre la pelea por el financiamiento del programa JAG [6], los destacamentos antidrogas han sido criticados varias veces por organizaciones de reforma de las políticas de drogas, de las libertades y de los derechos civiles por ser piratas incontrolados responsables por escándalos como los de Tulia y Hearne en Tejas. Pero dichas críticas no han desempeñado ningún rol perceptible en la ofensiva del gobierno contra el programa.
Tampoco han repercutido junto a un grupo bipartidista de senadores que anunció la semana pasada que iba a buscar devolver los fondos del ejercicio fiscal 2008 al programa JAG a un nivel de $660 millones. Liderado por el senador Tom Harkin (D-IA), el esfuerzo también está siendo respaldado por los senadores Kit Bond (R-MO), Joe Biden (D-DE), Saxby Chambliss (R-GA) y Dianne Feinstein (D-CA).
“Sin apoyo financiero, las comunidades de Iowa son forzadas a luchar contra la criminalidad y las drogas con cada vez menos recursos. Más de 10 comarcas de Iowa han sido obligadas a cerrar sus destacamentos a causa de cortes en el financiamiento. Este vaciamiento de programas de prevención a las drogas no puede seguir”, dijo Harkin en una rueda de prensa que anunciaba la medida. “Mi meta es devolver las Subvenciones Byrne al nivel que les dé a los oficiales de la ley municipal en Iowa y en todo el país fondos abundantes para iniciativas anticriminalidad y antidrogas que ya son exitosas”.
La iniciativa de los senadores está siendo apoyada e instigada por una poderosa coalición de grupos de la ley, incluso la Asociación Nacional de la Justicia Penal (NCJA, por su sigla en inglés), la Coalición Nacional de Asociaciones de Agentes Antinarcóticos y la Asociación Nacional de Funcionarios Comarcales.
“Que no resten dudas, por todas partes las comunidades verán los efectos de este proyecto y sus cortes sobre la financiación de la justicia penal”, dijo el presidente de la NCJA, David Steingraber. “Un corte en el programa JAG es un corte para la fuerza pública municipal y las víctimas de la criminalidad por todas partes. El Congreso ha acabado de dificultar el trabajo de cada policía en EE.UU. Los congresistas han dado la espalda a los oficiales de la ley municipal que ahora se ven forzados a cumplir su parte sin auxilio federal considerable”, dijo Steingraber. “Esperamos que estos cortes drásticos no sean una solución de largo plazo para un problema fiscal federal. La seguridad de EE.UU. es demasiado importante y merece financiación adecuada, ya que los delitos de sangre volvieron a ir en aumento”.
Pero a pesar del formidable poder de presión de la policía y sus aliados, el futuro de los fondos JAG continúan en duda. Y los reformadores de las políticas de drogas se unirán con los conservadores fiscales y el gobierno Bush en una rara alianza para intentar mantener intactos los cortes en el financiamiento.
“Los fondos JAG fueron cortados de última hora el año pasado porque era obvio que Bush los vetaría y es cierto que él quiere muy bien eliminarlos”, dijo Bill Piper, director de asuntos nacionales de la Drug Policy Alliance [7]. “El proceso de la ley de presupuestos de este año está apenas empezando, pero lo que es interesante y prometedor es que los demócratas sufrirán para devolver los fondos del año pasado porque Bush quiere eliminarlos completamente”.
Pero no es imposible. Como le dijeron a la Crónica los policías defensores de la devolución del dinero la semana pasada, van a intentar recobrarlo a como dé lugar, incluso adjuntándolo o al paquete de estímulo económico o a la asignación de fondos complementares de guerra. La segunda ha preocupado a Piper.
“El complemento de Irak no tiene que encajar en el presupuesto general y Bush hesitaría en vetar su proyecto de dispendios de guerra”, dijo. “Sé que la fuerza pública y algunos senadores ya conversan sobre esto. Nuestro desafío es contactar a organizaciones de conservadores fiscales y redactar un mensaje que diga que los fondos no deben ser devueltos, pero si lo son, ellos deberían ser destinados al tratamiento. Ya pueden ser empleados en eso, pero la mayor parte de los estados no lo hace”.
El programa JAG de subvenciones es apenas un artículo en un presupuesto federal trillonario, plusmarquista y deficitario para 2009. Pero es un artículo que puede estar a punto de ser completamente eliminado. Probablemente eso no va a suceder este año, pero parece que los destacamentos antidrogas van a tener que ir tirando con fondos reducidos, persuadir a gobiernos estaduales y municipales a soltar más dinero o ir a la quiebra de una vez por todas.