El sábado pasado, en su discurso radial semanal, el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso perdonar a entregadores de drogas de menor entidad, conocidos comúnmente como “mulas”. Correa también pidió la redacción de nuevas leyes antidrogas que reflejen la gravedad de varios delitos de drogas.
Conforme las leyes antidrogas ecuatorianas, de que Correa se queja que fueron redactadas bajo presión de Washington, la gente atrapada aun con 100 gramos de cocaína puede ser condenada a más de 10 años de prisión, una situación que Correa llamó “absurda”. La ley actual trata de la misma manera al “capo Rodríguez Orejuela, del cártel de Cali, que la pobre mujer, madre soltera, desempleada que se atrevió a llevar 300 gramos de droga”, dijo Correa. “Es una barbaridad”.
Aunque Ecuador casi no produzca coca, el principal ingrediente en la cocaína, es frecuentemente utilizado como país de tránsito para drogas provenientes de los vecinos Colombia y Perú, los dos productores más grandes de coca del mundo, que tienen como destino a los Estados Unidos.
Desde su elección a principios de este año, Correa ha criticado a la guerra a las drogas de los EE.UU. en Latinoamérica. Él se ha rehusado a prorrogar el arrendamiento de la base aérea estadounidense en Manta y se ha vuelto el compinche del anatema de Washington, el mandatario venezolano Hugo Chávez. Cuando se trata de la guerra a las drogas, Correa también tiene alguna experiencia personal. A principios de este año, reconoció que su padre, quien falleció cuando él tenía nueve años de edad, cumplió tres años de prisión en los EE.UU. por tener drogas.
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