(Vide la publicación sobre este tópico hecha esta mañana por David Borden.)
En un fallo de 06 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones de Tennessee decidió que el impuesto sobre las drogas ilegales del estado, conocida en general como el impuesto sobre el crack, es inconstitucional. El estado no puede imponer un impuesto sobre artículos que considera ilegales, como drogas ilícitas o alcohol destilado en casa.
En el caso delante del tribunal, Steven Waters de Knoxville fue preso en 2005 poco tiempo después de comprar un kilogramo de cocaína estimado en $12,000 de un informante. Unos cuantos días después, la Hacienda de Tennessee envió a Waters un gravamen fiscal que exigía más de $55,000 y también un embargo preventivo contra los bienes reales de su propiedad, además de confiscar $4,000 de su cuenta bancaria.
Waters interpuso una demanda, acusando que el impuesto infringía las protecciones contra la autoincriminación, el debido proceso y la igualdad de derechos conforme a las constituciones estadual y federal. Un juicio decidió a favor de Waters y ahora el Tribunal de Apelaciones estadual ha concordado.
El estado no puede imponer una exacción (o “privilegio”) sobre artículos que ha penalizado, sostuvo la corte: “Porque busca imponer una carga sobre el privilegio de tomar parte en una actividad que la Legislatura ha declarado anteriormente que es un crimen, no un privilegio, debemos concluir necesariamente que el Impuesto Sobre las Drogas es arbitrario, caprichoso e irrazonable y, por lo tanto, inválido según la Constitución de este estado”, comunicó el fallo.
El estado de Tennessee tiene 60 días para interponer un recurso a la Corte Suprema estadual. La Hacienda dice que planea recurrir y seguirá recaudando el impuesto mientras tanto.
Más de 20 otros estados tienen leyes parecidas para el impuesto sobre las drogas ilegales.
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