El 28 de agosto, una cooperativa de marihuana medicinal de Santa Cruz que fue allanada por la DEA en 2002 halló sus esperanzas estrelladas cuando un juez federal concedió una solicitud del Ministerio de Justicia de los EE.UU. para prohibirlos de interponer demanda. El pleito, presentado en nombre de la Wo/Men's Alliance for Medical Marijuana (WAMM, sigla en inglés) y de la ciudad y comarca de Santa Cruz buscaba procesar a Alberto Gonzáles, el fiscal general de los EE.UU., para impedir que su oficina siga con los allanamientos contra los proveedores de marihuana medicinal en California.
“Naturalmente, estamos decepcionados. Había esperado algo mejor”, dijo Mike Corral, quien, junto con su esposa Valerie, fueron los cofundadores de la WAMM.
La WAMM y Santa Cruz pueden haber tropezado, pero aún no se han caído. El juez Fogel dejó dos de las demandas de la comarca intactas: una respecto de la 10ª Enmienda que dice que los estados – no el gobierno federal – tienen voz y voto sobre la marihuana y un argumento de que la necesidad medicinal le gana a las leyes antidrogas federales. El equipo legal de la comarca dice que seguirá discutiendo esas demandas mientras que intenta fortalecer su afirmación de que el gobierno federal está interviniendo inadecuadamente en áreas que deberían ser de competencia de los estados.
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