Metanfetamina: Grupo de Trabajo del Gobernador de Nevada Lanza Informe Preliminar

Una comisión señalada por el gobernador Jim Gibbons de Nevada para estudiar las respuestas al consumo, preparo y tráfico de metanfetamina en el estado pidió más tratamiento, más prevención, más policías y más leyes que restrinjan los precursores químicos el viernes pasado, pero rechazó un proyecto que habría aumentado las penas para los delitos de metanfetamina. En su Informe Preliminar, el Grupo de Trabajo del Gobernador sobre el Consumo de la Metanfetamina advirtió que aunque las redadas de laboratorios caseros de procesamiento de metanfetamina hayan sufrido una caída, Nevada es el primero en el país en consumo per cápita de metanfetamina en vida, consumo de metanfetamina el año anterior y consumo de metanfetamina el mes anterior.

El Grupo de Trabajo está concentrado principalmente en cómo destinar unos $17 millones de dólares asignados en el presupuesto ejecutivo del gobernador para tratar de la anfetamina. Recomendó que parte del dinero sirva para reemplazar las subvenciones federales perdidas para las coaliciones antidrogas comunitarias y para los programas estaduales de concienciación, que se haga disponible la financiación para tratar de las listas enormes de espera para el tratamiento químico y para tratar de los males que ocurren simultáneamente y “aumento del financiamiento para contratar a más oficiales de la ley a fin de que sean puestos en destacamentos existentes y nuevos por todo el estado”.

El grupo también hizo recomendaciones sobre leyes específicas relacionadas con la metanfetamina delante de la legislatura. Dio su apoyo a un proyecto, el AB 148, que impondría restricciones estaduales sobre la venta de precursores de la metanfetamina, pero rechazó un proyecto más severo, el AB 150, que habría requerido una receta para obtener remedios para el resfriado que contuvieran drogas como la pseudoefedrina. También rechazó dos medidas que habrían incrementado las penas. El primero, el AB 116, habría reducido la cantidad de metanfetamina necesaria para precipitar cargos de narcotráfico de cuatro para tres gramos, en tanto que el otro, el AB 281, habría vuelto la tenencia del menor vestigio de cualquier droga de Clase I, excepto la marihuana, una posible infracción por narcotráfico.

Aunque la comisión recomendara la restricción de esfuerzos de los legisladores para exagerar en las penas para la metafentamina, no mencionó la reducción de daños y la discusión de las alternativas a la prohibición de las drogas claramente no estaba en la agenda. No es sorprendente, dada la formación de la comisión, que incluía a siete oficiales de la ley, cuatro servidores electos, el director de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, un ejecutivo de la salud, un superintendente escolar, un editor de periódico y la esposa del gobernador. Ningún reduccionista de daños ni aparentes consumidores actuales o ex usuarios de metanfetamina estaba representados.