El grupo de defensa de la marihuana medicinal Americans for Safe Access (ASA) presentó una acción judicial en tribunal federal el miércoles contra dos agencias federales por su punto de vista de que la marihuana “actualmente no tiene uso medicinal aceptado en el tratamiento en los Estados Unidos”. La acción judicial nombra la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) y el Ministerio de Sanidad y Servicios Humanos (HHS) como reos. El ASA acusó la FDA y el HHS de emitir declaraciones “falsas y equívocas” sobre los usos medicinales de la marihuana.
“La posición de la FDA sobre el cannabis medicinal es incorrecta, deshonesta y también una violación flagrante de las leyes que exigen que el gobierno funde su política en la ciencia sensata”, dijo Joe Elford, principal abogado del ASA.
“La ciencia en pro del cannabis medicinal es abrumadora, pero el gobierno sigue jugando a la política con las vidas de pacientes que necesitan desesperadamente el alivio del dolor”, dijo la directora ejecutiva del ASA, Steph Sherer. “El Americans for Safe Access está presentando esta acción judicial sobre el cannabis medicinal para exigir que la FDA pare de
hacer de la ciencia una rehén de la política”.
La presentación de la acción judicial ocurre al fin de un proceso peticionario de dos años en que la FDA y el HHS se rehusaron a responder a las denuncias de que ellos estaban jugando a la política con la ciencia de la marihuana medicinal. La acción acusa que las dos agencias están infringiendo la Ley de Calidad de los Datos [Data Quality Act], que exige que las agencias federales se fíen en la ciencia sensata. La ley, redactada originalmente por lobistas industriales como arma que sus clientes empresariales pueden usar en sus batallas corrientes con los reguladores federales, también permite que los ciudadanos desafíen la información imprecisa o aquélla que esté basada en datos defectuosos.
Primero, el ASA presentó una petición que buscaba reparación del HHS en octubre de 2004, pero la agencia se rehusó a tomar providencias respecto a la petición. El ASA recurrió en mayo de 2005, en vano. Ahora, está llevando su desafío a los tribunales federales.
“Los ciudadanos tienen el derecho de esperar que el gobierno use la mejor información disponible para las decisiones sobre las políticas. Este caso innovador transforma la Ley de Calidad de los Datos en una herramienta para el interés público”, dijo el destacado jurista y coabogado en el caso, Alan Morrison, que fundó el Public Citizen's Litigation Group y ahora trabaja como conferenciante en la Facultad de Derecho de Stanford.
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