En su primer fallo de esa especie, el miércoles el Tribunal de Apelaciones del 3er Distrito de California en Sacramento sostuvo que los cultivadores y pacientes consumidores de marihuana medicinal pueden demandar a la policía por allanar ilegalmente sus inmuebles y destruir sus plantas. Se impartió el fallo en Comarca de Butte vs. Tribunal Superior de la Comarca de Butte.
En ese caso, un subalguacil de la Comarca de Butte fue al domicilio de David Williams, cultivador de marihuana medicinal, y exigió que destruyera todas las 41 plantas - menos 12 - que cultivaba para un colectivo de siete personas. Williams poseía toda la documentación para su cultivo, pero, frente a una amenaza de arresto, acató la orden ilegal. Luego demandó a la comarca y salió victorioso en el Tribunal Superior.
La comarca apeló con el argumento de que los pacientes y proveedores podrían invocar la legislación estatal sobre la marihuana medicinal solamente en calidad de defensa contra cargos criminales y no para interponer demandas por daños y perjuicios. Pero el tribunal de apelaciones se ladeó con el tribunal inferior al sostener que los proveedores y pacientes consumidores de marihuana medicinal tienen el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de demandar a funcionarios que infrinjan la prohibición constitucional contra registros e incautaciones ilegales.
Williams se fiaba en “la misma garantía constitucional de debido proceso que está disponible para todos los individuos”, escribió el ministro Vance Raye por la mayoría de 2 a 1. Los proveedores y pacientes consumidores de marihuana medicinal no necesitan sufrir “las costas y el estrés de los trámites penales” para aseverar sus derechos, escribió.
En un fallo discrepante, el ministro Fred Morrison escribió que el Congreso de EE. UU. debería aminorar la prohibición federal contra la marihuana para dar cabida a los 13 estados que permiten el consumo medicinal. Pero, en ese ínterin, argumentó, nadie posee el derecho de consumir marihuana y la policía puede incautarla legalmente.
La comarca probablemente recurrirá ante la Corte Suprema del estado. Pero a menos y hasta que eso suceda, la fuerza pública en California debe tener ciencia de que cualquier mala conducta respecto a la marihuana medicinal puede resultar carísima.
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