Más corrupción en Filadelfia, más repercusiones del asesinato de Kathryn Johnston en Atlanta y un agente fronterizo deshonesto más. Vamos a ello:
En Filadelfia, el 18 de junio denunciaron a un detective de la Policía de Filadelfia por cargos de haber pasado la voz a un importante sospechoso de delitos de drogas respecto a una orden de registro inminente. El detective Rickie Durham se declaró inocente de los cargos de obstrucción a la justicia, hacer falsas declaraciones y notificar un registro con antelación. Lo acusan de alertar a Alton “Ace Capone” Coles, el “capo del narcotráfico” de Filadelfia, de una redada policíaca pendiente en agosto del 2005 y luego de mentir a los investigadores cuando lo interrogaron. Durham ha recibido una suspensión de 30 días y la comisaría dice que está en vías de despedirlo. Cumple arresto domiciliario en espera del juicio.
En Yuma, Arizona, el 18 de junio un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE. UU. se confesó culpable de cargos de cohecho y delitos de drogas. Henry Gauani, agente de CBP, declaró su culpabilidad por confabularse para cometer cohecho y confabularse para importar éxtasis por aceptar US$ 33.000 a fin de permitir que vehículos llenos de éxtasis pasaran por el puerto de entrada desde México sin inspección. Gauani cayó el 27 de enero después de una investigación y un montaje federales en que dejó pasar por su carril sin inspección un vehículo que contenía lo que creía ser medio millón de tabletas de éxtasis. Puede recibir una pena de 20 años en prisión federal y US$ 1.250.000 en multas.
En Atlanta, el viernes último sentenciaron a un ex supervisor de la brigada antidroga de la Policía de Atlanta a 18 meses de prisión por su implicación en un registro ilegal con allanamiento de morada de un dúplex en Dill Avenue en el 2005. El ex policía Wilbert Stallings se había confesado culpable de confabularse para infringir los derechos civiles del propietario. Durante la condenación, Julie Carnes, jueza de Tribunal de Distrito Federal de EE. UU., dijo que la sentencia también reflejaba la implicación de Stallings en permitir que una cultura de corrupción proliferara desenfrenadamente en la unidad que supervisaba. Los integrantes de esa unidad fueron responsables por el asesinato de la nonagenaria Kathryn Johnston en el 2006 durante una redada fundamentada en evidencias inventadas. Stallings cayó cuando los investigadores que examinaban el asesinato de Johnston escudriñaron su unidad.
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