El déficit presupuestario de US$ 24.000 millones de California y los recortes pronunciados propuestos por el gobernador Arnold Schwarzenegger (R) para reducirlo provocaron manifestaciones de activistas en materia de VIH/Sida y reductores de daños el viernes pasado en Los Ángeles, el lunes en Fresno y el miércoles en Sacramento para pedir la devolución de los fondos. A fines del mes pasado, Schwarzenegger anunció los planes de recortar US$ 80,1 millones en fondos para servicios cruciales para el VIH/Sida, incluso la total eliminación del sustento del fondo general para todos los programas de la Secretaría Estatal de Sida salvo el Programa de Asistencia Farmacológica al Sida, que perderá US$ 12,3 millones en sustento del fondo general.
Los recortes reducirían a cero los fondos estatales para servicios de reducción de daños a través de la Secretaría de Sida y también la mayor parte de los fondos para la prevención del VIH/Sida que utilizan las ciudades californianas para subvencionar los programas de cambio de jeringas. Para la mayor parte de los 40 programas de cambio de jeringas en el estado, esas subvenciones proporcionaron entre un 60% y un 90% de su financiación total.
Los grupos de militancia en materia de HIV/Sida y reducción de daños han organizado una coalición llamada Stop the HIV Cuts en un intento de invalidar las propuestas de recortes. Además de la manifestación en Sacramento, también se celebraron protestas el miércoles en San Diego y Palm Springs.
Los fondos para la Propuesta 36 [Proposition 36], la ley aprobada por los electores del 2001 que exige que los infractores de la legislación antidroga de menor entidad reciban tratamiento en vez de ser reducidos a cárcel o prisión, también están en peligro. El gobernador Schwarzenegger quiere que la Asamblea elimine la partida de US$ 108 millones para el programa, que cuenta con unos 36.000 infractores de la legislación antidroga inscritos en el estado.
Pero con eso California quedaría en una rara situación incómoda. La Propuesta 36 no es un programa, sino una ley estatal aprobada por los electores, quienes ordenaron que la Asamblea financie el programa hasta el 2006. Impide que los jueces reduzcan a prisión a los infractores aptos conforme a la Propuesta 36 en vez de exigir que reciban tratamiento. Si el estado no proporciona los fondos, la carga pasará a las comarcas y municipalidades, que no podrán compensar la diferencia. Eso significa que puede ser que los infractores aptos conforme a la Propuesta 36 no reciban ni sentencias de prisión ni tratamiento en un futuro cercano.
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