El lunes, la Corte Suprema de los EE.UU. se rehusó a oír el recurso de una sentencia mínima obligatoria de 55 años para un traficante de marihuana de Salt Lake City que portaba una pistola en su bota durante sus transacciones. La decisión de no oír el caso decepcionó a los observadores en la comunidad legal que esperaban que ello levara a una revisión constitucional de las leyes sobre las sentencias mínimas obligatorias.
Weldon Angelos era un aspirante a empresario de rap y padre de dos hijos que también revendía marihuana. Él fue incriminado por múltiples acusaciones de distribución de marihuana y, a causa del arma en su bota, de múltiples acusaciones de tenencia de arma durante la comisión de un crimen. No hay pruebas de que Angelos haya disparado o matado a alguien con su arma, así como no se puede probar que la haya blandido. Pero, la ley federal requiere una sentencia obligatoria de cinco años para una primera acusación por armas, seguida por sentencias obligatorias de 25 años para cada acusación adicional.
Angelos rehusó un acuerdo de confesión de culpabilidad y fue declarado culpable por las acusaciones de tráfico de marihuana y por las tres acusaciones de armas. Cuando condenó a Angelos a los 55 años obligatorios en 2002, el Juez del Tribunal del Circuito de los EE.UU., Paul Cassell, emitió un fallo extenso en protesta contra la injusticia de condenar al hombre de 26 años a una vida tras rejas.
Angelos recurrió, pero en un fallo de Enero de 2005, el Tribunal de Apelaciones del 10° Circuito de los EE.UU. en Denver rechazó su argumento de que su sentencia infringía la prohibición de puniciones crueles y atípicas de la Octava Enmienda. Cuando recurrió a la Corte Suprema, se sumaron a Angelos más de 140 ex altos funcionarios de la justicia de todo el país, incluso a cuatro ex fiscales generales de los EE.UU., un ex director del FBI y otros ex jueces y fiscales federales que lo apoyaron en un alegato favorable presentado a la corte en Octubre.
Al rehusarse a aceptar el caso, la Corte Suprema ha dado señales de que permite las sentencias de décadas de duración para traficantes no violentos de marihuana y eso no es admitido por un segmento considerable de la comunidad jurídica. “Estamos muy decepcionados que la Corte Suprema se rehusara a oír este caso en el cual un infractor menor de la legislación antimarihuana recibió lo que es efectivamente una sentencia de prisión perpetua”, dijo Jeff Sklaroff, un abogado que representa el grupo que presentó el alegato, en comentarios informados por el Deseret News.
Los abogados de Angelos también quedaron igualmente descontentos. “Estamos extremadamente decepcionados que la Corte Suprema no estuviera de acuerdo en oír el caso”, dijo el profesor de derecho de la Universidad de Utah, Erik Luna. “Este caso presentaba una gran oportunidad para que la Corte Suprema no sólo corrigiera este error jurídico sino también para que clarificara el alcance de la prohibición de punición cruel y atípica de la Octava Enmienda”.
“Esperamos que el Congreso perciba la injusticia causada por su esquema de mínimas obligatorias y se libre de ello sin que la corte tenga que intervenir”, dijeron los abogados Troy Booher y Michael Zimmerman, un ex desembargador de la Corte Suprema de Utah, en una declaración el martes.
Pero, los fiscales federales se quedaron contentos. “Estamos satisfechos que la Corte Suprema negara la petición”, dijo el Fiscal de la Unión para Utah, Brett Tolman. “El Congreso ha determinado que el narcotráfico armado es una infracción particularmente seria que asegura la punición severa.”
Ahora, Angelos se enfrenta a décadas de prisión. Él puede recurrir de su condenación y sentencia en un habeas corpus, pero dicha apelación pasaría por las mismas cortes que ya las han mantenido. O entonces puede buscar el perdón presidencial.
O, cuando la sanidad finalmente llegue a las prácticas estadounidenses de condenación respecto de las drogas, podemos asegurar la retroactividad para presos que aún cumplen pena como Angelos.
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