Desde un fallo del Tribunal Constitucional colombiano de 1994 que sostuvo que penalizar a los consumidores de drogas era violar su privacidad y autonomía, la tenencia de drogas no ha sido un delito en Colombia. Pero el presidente Álvaro Uribe – abstemio, aliado de EE.UU. y beneficiario de miles de millones en ayuda antidroga estadounidense – intentó volver a penalizar la tenencia de drogas durante la campaña electoral a la presidencia del 2006 y ahora el Global Post reportó a principios de este mes que está haciendo de las suyas otra vez.
Según aquel fallo de 1994, los adultos pueden tener 20 gramos de marihuana, dos gramos de éxtasis y un gramo de heroína o cocaína como máximo en la privacidad de sus hogares. Sin embargo, ello no sirve para quedar libre de la cárcel. En la práctica, se sabe que la policía colombiana acusa a los que tienen drogas de intención de distribuir drogas.
Empero, la ley estipula algunas protecciones para los usuarios de drogas y ellos se están movilizando para derrotar la labor regresista. En una manifestación reciente fuera del palacio presidencial, el humo de la marihuana flotaba en el aire mientras los manifestantes dejaban clara su oposición.
“Consumir drogas es un asunto privado”, dijo Daniel Pacheco, 27, un periodista colombiano que ayudó a organizar la marcha. “El gobierno tiene cosas muchísimo más importante por que preocuparse”.
No para Uribe, cuyo plan de repenalización prevé arresto, multas, tratamiento de la drogodependencia para los consumidores de drogas – la cárcel si persisten en sus malas costumbres. No solamente la política de la repenalización atrae a la base conservadora de Uribe en un país en que la Iglesia Católica Apostólica Romana sigue siendo poderosa, sino que también hay una coherencia con la lucha intransigente de Colombia contra el narcotráfico.
“Me parece que un país que en este Gobierno ha extraditado a cerca de mil personas, que el año pasado fumigó 130 mil hectáreas y erradicó manualmente 96 mil hectáreas, un país que en los últimos años ha producido incautación sobre 10 mil bienes, un país que ha derramado tanta sangre por el narcotráfico, un país que todavía tiene grupos terroristas porque han tenido narcotráfico, no puede tener esa contradicción ética de ser muy severo con producción, con tráfico, con bienes ilícitos, y al mismo tiempo ser totalmente laxo, permisivo con el consumo”, dijo Uribe en un discurso en febrero.
Con todo, no se sabe con seguridad si su mismo gobierno apoya la providencia. El fiscal general Mario Igaurán dijo recientemente que el gobierno debería centrarse en los grandes narcotraficantes y no preocuparse por lo que hace la gente en la privacidad de sus hogares. Además, expertos en salud cuestionan si la medida será eficaz en hacer que la gente ingrese al tratamiento o tener éxito con el tratamiento forzoso.
Uribe y su postura intransigente contra la droga están cada vez más aislados en Latinoamérica. Como Perú, Ecuador y Brasil relajaron algunas leyes sobre las drogas últimamente, Argentina amenaza despenalizar la tenencia de drogas y esta semana el Congreso mexicano fue la sede de un debate sobre la legalización, Uribe parece ser el anti determinado a regresar con osadía a los días tenebrosos del Siglo XX.
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