El lunes la Corte Suprema de EE.UU. decidió que los policías tienen el derecho a cachear a los pasajeros en coches detenidos por infracciones de tránsito aun si no tienen pruebas de que el pasajero haya cometido un delito o esté a punto de hacerlo. Este fallo es el último en una ahora larga serie de decisiones desde el fin del tribunal Warren – muchos de ellos casos de delitos de drogas – que han desgastado la proscripción de la Cuarta Enmienda contra registros sin orden.
El fallo sucedió en Arizona vs. Johnson, en que Lemon Johnson estaba en el asiento trasero de un auto detenido por la policía antipandillas en Oro Valley. Tras interrogar a Johnson en el auto y obtener informaciones de que venía de “un lugar conocido [por la policía] por ser la sede de la pandilla Crips” y que había cumplido pena por robo con allanamiento de morada, la policía le pidió que saliera del auto para hacerle más preguntas. Al observar que Johnson llevaba puesto un pañuelo azul y tenía un escáner en su bolsillo, la policía “lo cacheó por la seguridad de la oficial”.
Durante el cacheo, la policía encontró una pistola y una bolsita de marihuana. Johnson fue acusado de delitos de tenencia de armas y drogas. Lo condenaron en juicio, pero la condena fue anulada por el tribunal de apelaciones, el cual sostuvo que pese a que Johnson hubiera sido detenido ilegalmente cuando la policía paró el auto por una infracción de tránsito, durante el encuentro, antes de que Johnson fuera cacheado, la detención se había “convertido en un encuentro consensual distinto que provenía de una investigación no relacionada [de la policía] de la posible filiación de Johnson a una pandilla”. Sin “motivo para creer que Johnson estuviera involucrado en un delito”, sostuvo el tribunal, la policía “no tenía derecho de cachearlo en busca de armas, aun si tuviera motivo para sospechar de que estuviera armado y fuera peligroso”.
Eso no está bien, manifestó la Corte Suprema en una decisión de autoría de la ministra Ruth Bader Ginsburg. Citando una jurisprudencia que remontaba a Terry vs. Ohío (1968), que determinó que la policía puede detener e interrogar constitucionalmente a las personas si cree razonablemente que un delito ha sido o está a punto de ser cometido y que la policía puede cachearlas en busca de armas, Ginsburg y la Corte decidieron que dichos cacheos son permisibles si la policía “abriga la sospecha razonable de que una persona sometida al cacheo está armada y, por lo tanto, es peligrosa para la seguridad del policía y del público”.
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