Una acción abierta por un joven de Bradenton, Florida para lograr la devolución de $10.000 en efectivo confiscados de él por la Policía de Bradenton ha echado luz sobre una política duradera – y posiblemente ilegal – de confiscación de bienes del departamento. Según la Ley de Contrabando de Florida [Florida Contraband Act], las personas cuyo dinero y cuya propiedad fueron confiscados por la policía tienen el derecho de juicio sobre la legalidad de la aprehensión. Pero, durante años, la policía de Bradenton ha estado usando su "Acuerdo de Confiscación de Contrabando” [Contraband Forfeiture Agreement], cuyas personas arrestadas reciben órdenes de firmar el acuerdo para entregar su propiedad y renunciar a cualquier recurso legal.
Los fiscales de la comarca retiraron las acusaciones, diciendo que no era crimen llevar dinero, pero la policía se rehusó a devolverlo. Ahora, Johnson está en litigio luchando para conseguir su dinero de vuelta.
“Toda la detención fue falsa. Es horrible”, le dijo Varinia Van Ness, que representaba a Johnson, al Herald Tribune. Ella quiere que los tribunales les ordenen al departamento a seguir la ley estadual en vez de seguir burlando la ley.
“Con suerte, le daremos un fin cuando nos presentemos delante de un juez”, dijo el abogado Louis Daniel Lázaro, que también representa a Johnson. “Hay posibles acusaciones criminales de corrupción”.
Ésta no sería la primera vez que la gente ha ido a la corte para conseguir su dinero de vuelta. El año pasado, un juez de la comarca de Manatee le ordenó a la policía de Bradenton que devolviera $7.000 confiscados de una mujer que fue arrestada por una infracción relacionada con su licencia de conducir tras una batida de tránsito. El Juez Douglas Henderson decidió que la mujer no estuvo de acuerdo sabida y voluntariamente con la confiscación de su dinero aunque su nombre apareciera en el acuerdo de confiscación.
La práctica fuera de lo común de la Policía de Bradenton fue vista con preocupación por abogados y expertos en constitución contactados por el Herald Tribune. Ellos dijeron que la policía puede estar presionando a la gente a renunciar a sus derechos, una acusación que algunos habitantes locales dijeron que era verdadera.
“Quién sabe lo que ellos les están diciendo a las personas para hacerlas que lo firmen”, dijo el abogado defensor de Sarasota, Henry E. Lee, que representó a una mujer el año pasado en un caso de confiscación hecha por la policía en Bradenton.
“Esto es una fuente de renta para la policía y es abundante en abuso”.
“Me parece robo”, dijo Joseph Little, profesor de la facultad de derecho en la Universidad de Florida.
La policía de Bradenton ha confiscado más de $12.000 de 15 personas arrestadas desde Agosto. Janie Brooks, 56, fue una de ellas. Ella estaba en su jardín en un barrio pobre cuando los policías entraron, dijeron que encontraron drogas y confiscaron su auto y $1.200 en efectivo. Mientras estaba sentada en el banco trasero del patrullero, la policía la presionó para que firmara el formulario de confiscación, dijo. “Ellos me apresuraban, como, ‘Anda, las cosas mejorarán si lo haces’”, dijo Brooks. “Era como si fuera a pasarme algo muy malo si no lo firmaba”.
El Comisario de la Policía de Bradenton, Michael Radzilowski, no estaba arrepentido. “Si usted está vendiendo drogas, le voy a quitar su dinero, su auto, su casa – si puedo agarrarlos”, dijo. “Éste es mi objetivo aquí. Eventualmente, confiscaremos la casa de alguien”. Él acusó a Delane Johnson de ser narcotraficante, pese a que él nunca fue acusado de delito de drogas. “¿Él cree que un juez le devolverá su dinero de las drogas? Que Dios lo bendiga si un juez está de acuerdo con eso”.
No es sorprendente que Radzilowski defienda la práctica. El fondo de bienes confiscados de la comarca, que el departamento usa para comprar nuevos equipamientos y sufragar la concienciación sobre las drogas y demás programas, ha llegado a los $150.000.
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