Policial: Las historias de policías corruptos de esta semana

Un trío de malos elementos de Arizona, incluso un funcionario de DARE con una inclinación por la agresión sexual, fue noticia esta semana, en tanto que la Ciudad de Berwyn en Illinois se metió en un buen lío por el modo que se valía de los fondos de la incautación de activos. Vamos a ello:

En Nogales, Arizona, el viernes pasado un ex funcionario del programa DARE de Nogales fue condenado por varios cargos relacionados con el contacto sexual indeseado con una joven. Ramón Borbón, 40, fue condenado por abuso sexual y obstrucción a una investigación criminal en el caso de una chica de 16 años a quien forzó a tocarle impropiamente y amenazó impedirla ir a las autoridades. Él también fue condenado por acusaciones de agresión sexual y secuestro en el caso de una mujer de 19 años por contenerla y violarla. Llevaba puesto su uniforme durante los dos incidentes. En un fallo durante el juicio, el juez James Soto de la Corte Suprema de la Comarca de Santa Cruz escribió que Borbón tiene “un rasgo de carácter que ocasiona una propensión sexual aberrante” y que parecía haber “identificado a mujeres jóvenes y vulnerables con antecedentes de problemas psicológicos y/o toxicomanía y menos probabilidades de presentarse y, si lo hacen, es menos probable que las consideren creíbles”. También hay por lo menos cuatro otras denuncias de abuso sexual contra Borbón. La comisaría había descubierto antes que “carecían de mérito”. Será sentenciado el 12 de diciembre.

En Phoenix, href="http://www.azcentral.com/community/phoenix/articles/2008/11/17/20081117guard-contraband1117-ON.html" target=_blank_>el lunes arrestaron a un agente penitenciario de la Comarca de Maricopa por presuntamente entrar con cocaína contrabandeada para una presa. Ryan White, 27, funcionario de casa de detención, aceptó favores sexuales de dos mujeres que eran las compañeras de apartamento de las presas a cambio de contrabandear la cocaína, que fue descubierta en el bolsillo de su uniforme. Ahora lo acusan de dos delitos – favorecer el contrabando en la cárcel y auxiliar a una mafia.

En Coolidge, Arizona, la semana pasada el FBI arrestó a un guardia del Centro de Detención de la Región Central de Arizona de Corrections Corporation of America por intentar introducir cocaína contrabandeada en la prisión. Acusan a Juan Núñez de tentativa de provisión de un objeto prohibido a un recluso y tenencia de cocaína con la intención de distribuir. De acuerdo con una denuncia en el caso, Núñez había estado negociando con la familia de un prisionero para llevar cocaína a la prisión durante las dos últimas semanas. El 06 de noviembre Núñez se reunió con un agente del FBI que simulaba ser una fuente externa de cocaína y aceptó 14 gramos de cocaína y $1,600 por estar de acuerdo en introducirla clandestinamente en la prisión privada. Lo arrestaron después de esa reunión. En este caso, una condenación por intentar llevar un objeto prohibido a un preso conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal, multa de $250,000 o los dos y una condenación por tenencia de cocaína para la venta conlleva una pena máxima de 20 años en prisión federal, multa de $1 millón o los dos.

En Berwyn, Illinois, el Ministerio de Justicia de EE.UU. ha acusado a la Ciudad de Berwyn de usar indebidamente el dinero oriundo de incautaciones de drogas. Tras revisar la auditoría anual de gastos con recursos provenientes de incautaciones de activos de la ciudad, la Sección de Incautación de Activos y Blanqueo de Capitales del ministerio envió una carta al municipio en que hace mención de varios “egresos impermisibles”, incluso gastar demasiados fondos de la incautación de activos en los años 2004 y 2005. Ya que los fondos de la incautación de activos deben ser utilizados para la prevención a la delincuencia, el ministerio aludió a más de $120,000 empleados para pagar sueldos, $88,000 en “transferencias de efectivo” a la Secretaría del Medio Ambiente de Berwyn, $156,000 en “transferencias de efectivo” a dos distritos escolares de la zona y $91,000 en viajes de ómnibus para ancianos. Total, la ciudad puede tener que devolver más de $760,000 en fondos de incautación de activos inadecuadamente desembolsados. Aunque escuelas, parques y viajes para ancianos sean actividades merecedoras, gastar fondos oriundos de la incautación de activos con ellas es una violación de la ley.

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