Amnistía Internacional, el grupo pro derechos humanos, criticó duramente a Colombia en un informe de 94 páginas publicado el martes e instó a EE.UU. a que interrumpa la ayuda militar a Colombia a menos y hasta que logre refrenar las matanzas de civiles y demás abusos de los derechos humanos.
El gobierno de EE.UU. ha proporcionado más de $5 mil millones en ayuda a Colombia, militar en su grande mayoría, desde que el gobierno Clinton inició el Plan Colombia en 1999. Ofrecida al principio en cuanto paquete puramente antidroga, desde 2002 la ayuda estadounidense se ha convertido en una misión antidroga y antiterrorismo con vistas ante todo al ejército guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las FARC se sustentan solas en parte a través de la participación en el sector de la coca y la cocaína de Colombia.
Washington ha alabado al presidente colombiano Álvaro Uribe por combatir las FARC y Colombia ha presenciado una disminución en los secuestros y el aumento de la sensación de seguridad en algunas metrópolis. Pero en el informe, Amnistía cuestionó las afirmaciones de Uribe de que en Colombia “están teniendo lugar un renacimiento irreversible de una paz relativa” y “un rápido descenso de los índices de violencia”.
“Colombia sigue siendo un país en el que millones de civiles, especialmente los que viven fuera de las grandes ciudades y en las zonas rurales, siguen siendo los más castigados por este conflicto violento y prolongado”, dice el informe, añadiendo que la “impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos en Colombia”.
De acuerdo con el informe, más de 70.000 personas, la gran mayoría civiles, han sido asesinadas en las dos últimas décadas de la guerra de 40 años entre las FARC y el Estado Colombiano, siendo que hay un número de “desaparecidos” del orden de 15.000 y 30.000 y otros 20.000 secuestrados o hechos rehenes. Colombia también es el escenario de una de las peores crisis de refugiados del mundo, con entre tres y cuatro millones de personas dislocadas forzosamente.
Y pese a las protestas de Uribe, para muchos colombianos, las cosas no están mejorando. De acuerdo con el informe, 1.400 civiles fueron asesinados en 2007, un alza con relación a los 1.300 en el año anterior. De los 890 casos en que se conocían a los asesinos, los militares colombianos y paramilitares de derechas, sus aliados a veces convertidos en enemigos, fueron responsables por dos tercios. Igualmente, el número de “desaparecidos” fue de 190 el año pasado, un alza con relación a los 180 un año antes.
Los refugiados internos de Colombia tampoco la pasan mejor. Más de 300.000 fueron dislocados el año pasado, un incremento considerable con relación a los 220.000 en 2006. Gran parte de la dislocación y muchas de las matanzas sucedieron mientras los paramilitares intentaban arrancarles el control de los cocales a las FARC y sus partidarios campesinos.
Además de la presión de los países donadores, algo fundamental para mejorar el cuadro de los derechos humanos es hacer que el gobierno Uribe admita que es una guerra civil. Uribe se niega a hacerlo, rotulando “terroristas” a los beligerantes de las FARC en cambio.
“Es imposible resolver un problema sin admitir que existe”, dijo Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional en Colombia. “Negando la situación sólo se consigue condenar a más personas a sufrir abusos o a morir”.
El informe también descubrió que pese a la afirmación de Uribe de que la desmovilización de los paramilitares ha tenido éxito, los paramilitares siguen activos y continúan cometiendo abusos contra los derechos humanos. De modo perturbador, el informe concluyó que, en el año anterior, las FARC han estado creando “alianzas estratégicas” con los paramilitares en varias regiones del país mientras los dos grupos buscan “gestionar mejor” la principal fuente de ingresos, el tráfico de cocaína.
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