Tres casos de policías deshonestos esta semana y dos situaciones de abuso en la incautación de activos en San Luis y Muncie en Indiana. Vamos a ello:
En Altamonte Springs, Florida, el lunes por la noche un policía de Altamonte Springs y su esposa fueron arrestados por cargos federales relacionados con armas y drogas. El oficial Clay Adams, veterano de nueve años y ex integrante del destacamento antidroga de la comisaría, fue arrestado por agentes de la DEA y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego cuando se fue a trabajar el lunes por la noche. Adams y su esposa son acusados de administrar un cultivo de marihuana que abastecía hierba a distribuidores en Tallahassee y de traficar medicamentos recetados. También se le acusa a Adams de tener armas y explosivos. Los dos cayeron después que una persona quien Adams reclutó para trabajar en la operación resultó ser un soplón. Adams y su esposa estuvieron presos hasta la vista de hoy.
En Miami, el viernes pasado cinco guardias de la Cárcel de la Comarca de Miami-Dade fueron presos después de ser incriminados por un gran jurado federal por contrabandear drogas en la instalación. Cayeron gracias a un operativo encubierto del FBI en que un agente fingió ser un narcotraficante y les vendió heroína y cocaína para la reventa entre rejas. Un empleado de la cocina de la cárcel y varios reclusos también fueron acusados. Los guardias pueden recibir una condena máxima de 20 años por cada cargo y multa de $250,000 si son condenados.
En Miami, dos policías de Miami-Dade fueron arrestados el 17 de julio durante una redada estadual-federal conjunta contra una banda involucrada con la cocaína y el juego. El oficial Michael Anthony King, 42, responde ante Justicia por cargos estaduales de juego ilegal y cargos federales de encubrir la distribución de polvo y piedra de cocaína. King tiene 19 años de servicios prestados como policía. El oficial Antonio Roberts, veterano de 27 años, responde ante Justicia por acusaciones parecidas. Estaban entre 36 personas presas en la redada, incluso el ex agente penitenciario Marvin “Cabeza de Cono” Coney de la Comarca de Dade, a quien se le acusa de ser distribuidor de cocaína. King y Roberts presuntamente se valieron de sus puestos como policías para ayudar a alias Cabeza de Cono y otros a evitar el arresto. Si son condenados, pueden recibir sentencias que varían de los 20 años a cadena perpetua.
En San Luis, la Policía de San Luis ha estado utilizando autos incautados, incluso los confiscados en redadas de drogas, para mantener a la hija del jefe en vehículos nuevos, de acuerdo con un informe en el St. Louis Post-Dispatch. No era solamente Aimie Mokwa, la hija del jefe Jon Mokwa, quien se beneficiaba con la transacción ventajosa entre la comisaría y el Remolque de la Región Metropolitana de San Luis, que trata de los vehículos para la ciudad. Los policías también recibían gratificaciones parecidas, como el uso gratuito de vehículos incautados y la oportunidad de comprarlos por precios profundamente reducidos. Ahora, el jefe Mokwa ha parado la práctica, pero permanecen muchas preguntas. El artículo del Post-Dispatch entra en todos los detalles de mala nota.
En Muncie, Indiana, abusos en la manera por la cual el Destacamento Antidroga de la Comarca de Muncie-Delaware y el fiscal trataban con casos municipales de incautación de activos por delitos de drogas instigan nuevas reglas más severas. Según un anteproyecto de las nuevas reglas redactado por el juez Richard Dailey del Tribunal de Circuito 2 de Delaware, los casos criminales tendrán realmente que ser sobreseídos antes que cualquier trámite de incautación civil pueda empezar y un abogado independiente – no el fiscal – lidiará con esos casos. Mark McKinney, el presente fiscal, recibió casi $100,000 en honorarios de abogado a través de la última década por tratar de casos de incautación. El fiscal y el destacamento antidroga hacían acuerdos confidenciales para dividir el botín, empleando gran parte de ello para financiar más operativos del destacamento y comprar equipos para gimnasios de la policía y alfombrar la fiscalía, una infracción de la legislación estadual de Indiana. Esa ley dice que los ingresos de las incautaciones por delitos de drogas deben ser puestos en los fondos generales del gobierno municipal y en los fondos escolares comunes después que los costes de la fuerza pública hayan sido liquidados.
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