Mientras legisladores de Nueva Yérsey hacen presión a favor de reformas de algunas condenas mínimas obligatorias para delitos de drogas, un nuevo informe de la Drug Policy Alliance descubre que el estado gasta más de $330 millones al año para encerrar a infractores no violentos de la legislación antidroga. Además, el estado también pierde financieramente al apresar a tantos infractores por delitos de drogas, descubrió el informe.
El informe, “Desperdiciando dinero, desperdiciando vidas: Calculando los costes ocultos del encarcelamiento en Nueva Yérsey” [Wasting Money, Wasting Lives: Calculating the Hidden Costs of Incarceration in New Jersey], descubrió que el Garden State lidera a EE.UU. en la prisión de infractores de la legislación antidroga con cerca de mitad de todos los prisioneros estaduales cumpliendo pena por delitos de drogas, muy por encima del promedio estadounidense de 31%. Además de los costes directos de apresar a cerca de 7.000 nuevos infractores de la legislación antidroga cada año, el estado pierde aún más dinero en salarios e ingresos fiscales perdidos, pensiones alimenticias insolutas y disminución de ganancias futuras de la gente que tiene antecedentes penales. El informe calculó que cada persona presa en Nueva Yérsey ganará menos $100,000 en su vida entera que si no los habría ganado.
“Estamos creando toda una casta de personas que serán forasteros económicos y laborales para siempre”, dijo Roseanne Scotti, directora de la oficina de la DPA en Nueva Yérsey, durante una rueda de prensa el miércoles. Menos ganancias de ex infractores perjudican al estado, dijo. “Es dinero que habría ingresado a la economía general de Nueva Yérsey”, dijo Scotti.
“Es tiempo de que cambiemos las mínimas obligatorias que dicen ‘enciérralos y tira la llave’”, dijo el asambleísta Joseph Cryan (D-Union). “Entendamos que eso no ha funcionado”.
El alcalde Cory Booker de Newark dijo que endilgarles antecedentes penales a los usuarios de drogas los fuerza a “vivir al margen, como parias” y los empuja de regreso al consumo de drogas. “Es tiempo de detener la locura”, dijo Booker. “Es tiempo de parar la hemorragia de buenos dólares de impuestos ganados con sudor que vierten sobre un agujero que parece ponerse más y más y más profundo”.
El lanzamiento del informe fue calculado para aguijonear a la Asamblea a aprobar un proyecto de ley que les permitiría a los jueces un poco de flexibilidad al condenar a la gente arrestada por delitos no violentos de drogas en zonas escolares. Ese proyecto, el A 2762, ya ha sido aprobado en un comité de la Asamblea.
El miércoles, Cryan predijo que el proyecto sería aprobado hacia fines de junio. Richard Codey (D-Essex), presidente del Senado, también manifestó su apoyo al proyecto en aquel día. Ahora, le toca al restante de la Asamblea decidir si quiere dar un pasito en la dirección de reducir las sentencias para delitos de drogas y ahorra el dinero del estado.
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