David Borden, director ejecutivo
Nada de tribunales de pacotilla, decimos, nada de sortear al sistema y, sobre todo, la justicia debe estar fundada en hechos. Si uno de los 12 miembros del jurado en un caso siente que no se ha probado la culpabilidad más allá de toda duda razonable, ese miembro debe votar inocente y entonces no se obtendrá la condenación – se puede realizar otro juicio si el gobierno cree que vale la pena, pero no se consigue la condenación de aquella vez. Si todos votan por la inocencia, entonces inocente es el veredicto y se termina el asunto.
De ese modo se espera que el inocente esté protegido contra el poder abrumador del estado, porque otro de nuestros principios fundamentales es el de que es mejor dejar a muchos culpables en libertad que condenar y aun prender a un inocente.
Desdichadamente, aunque esos principios aún sean la ley para muchos reos en los tribunales, para otros apenas describen lo que ya fue. El tirón que trastornó la justicia fue la “guerra contra las drogas”. Dentro de la lucha contra la droga de los años 1980, se produjeron perversiones que permitieron que aquellos cuya culpabilidad no fue probada fueran castigados y en realidad también los que fueron absueltos de las acusaciones presentadas contra ellos.
Una de esas perversiones fue la incautación civil de activos. En esa práctica corrupta, se dirige un cargo no contra una persona, sino contra una propiedad. Si se descubre que ella ha sido utilizada en la comisión de un delito de drogas (y algunos otros tipos de delitos), es “culpable” y el gobierno puede tomársela no importando si el dueño sabía o no de la trasgresión. Los estados y aun los federales de vez en cuando han puesto algunas restricciones en esta práctica, pero, en gran parte, han sido ineficientes. El resultado de la incautación es el espectáculo asqueroso de agentes del gobierno robando a la gente del pueblo – los robos van de dólares y céntimos en la calle a autos o aun casas y ahorros de jubilación -, siendo que los beneficios pasan a las manos de agencias de la ley donde son gastados con varios fines, muchos de ellos cuestionables.
Una perversión aún más grande es lo que le ha sucedido a la condenación federal. Era una vez, se necesitaba la condenación de un jurado para prender a una persona. Eso aún pasa si el reo es absuelto de todas las acusaciones. Pero sea condenado por apenas un cargo que se ha presentado en su contra, si es que son presentados juntos, y ahora se puede ser sentenciado con base en los demás, aun si no hay veredicto o aun si fue absuelto de ellos.
Pese a que últimamente la Corte Suprema de EE.UU. haya presentado algunas decisiones para restringir esta práctica en ciertos casos, en otros ella está aparentemente bien abierta. En 2005, Mark Hurn fue enjuiciado en un tribunal federal de Wisconsin por tenencia de polvo de cocaína y una cantidad más grande de piedra y fue condenado por la primera, pero absuelto de la segunda. Las directrices federales especificaban cerca de tres años para el cargo que fue el asunto de la condenación – en sí una grave injusticia. Pero el fiscal argumentó al juez que Hurn probablemente era culpable de los cargos relacionados con la piedra de cocaína también, el juez se la tragó y aumentó la condena a 18 años.
A fines del mes pasado, la Corte Suprema se negó a ver el caso de Hurn. Entonces, él va a tener que cargar con 18 años entre rejas, pero la gran mayoría de ellos por conducta de que fue exonerado. ¿Quiénes son los verdaderos criminales aquí? Mark Hurn no, en lo que a mí respecta. La justicia ha sido trastornada, por cortesía de los luchadores antidrogas con la complicidad del judiciario. Qué buen servicio le han prestado al país.
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