El viernes pasado, el Senado de EE.UU. votó en la devolución de fondos al programa federal de subvenciones que costea los destacamentos estaduales y municipales de varias jurisdicciones que vagan por la tierra imponiendo las leyes sobre las drogas. El presupuesto del Ejercicio Fiscal de 2009 del gobierno Bush había reducido a cero los fondos para el programa, el Programa Byrne de Subvenciones Auxiliares a la Justicia.
Financiado en $520 millones en el Año Fiscal 2007, el programa de dos décadas de duración que permite que estados complementen sus gastos antidrogas con el dinero de los impuestos federales ya había sufrido pérdidas considerables con relación a niveles anteriores de financiamiento. Durante los tres últimos años, como medida de recorte de gastos, el gobierno Bush ha intentado reducirlo a cero completamente, pero eso no le ha agradado al Congreso. En diciembre, cuando buscó aprobar el presupuesto para el ejercicio de 2008, la Cámara votó en la financiación de la parte del paquete del programa en $600 millones y el Senado en $660 millones, pero en negociaciones presupuestarias de última hora, la Casa Blanca insistió en el corte de los fondos.
Para el AF 2009, el gobierno Bush volvió a reducir a cero los presupuestos para el programa JAG, asignando $200 millones a un programa federal combinado de subvenciones. Pero ello se enfrenta a un poderoso grupo de presión de la fuerza pública que se ha movilizado para devolver los fondos. Políticos demócratas ansiosos por aparentar ser “duros con la criminalidad” han sido vulnerados en especial por dichos llamamientos.
Fueron dos demócratas, los senadores Russ Feingold de Wisconsin y Diane Feinstein de California, junto con el senador republicano Saxby Chambliss de Georgia, quienes copatrocinaron una enmienda al presupuesto de 2009 que iba a financiar el programa Byrne JAG en $906 millones, mucho por encima de los niveles de los últimos años.
“Un día sí y otro no, comunidades dependen de nuestros profesionales de la ley para mantenerlas seguras y estar totalmente preparadas para responder en caso de emergencia”, dijo Feingold. “El servicio dedicado que prestan no puede suceder sin el respaldo del gobierno federal. Debemos proporcionar fondos adecuados para programas exitosos como el COPS y el Byrne a fin de proveer las herramientas, la tecnología y el entrenamiento que nuestros profesionales de la ley necesitan para proteger a nuestras comunidades”, dijo.
“Desdichadamente, la propuesta presidencial de cortar los fondos para estos programas exitosos de lucha contra la criminalidad no es nada nueva”, dijo Feingold. “El Congreso ha rechazado correctamente los cortes del Presidente para estos programas en el pasado y trabajo con mis colegas para incluir esta financiación crucial en el presupuesto de 2009”.
Pese a la demagogia y a la votación del Senado, la vigorización del programa Byrne JAG de subvenciones aún no es un negocio cerrado. La Cámara también debe votar para aprobar la financiación y si la Casa Blanca sigue la dirección que ha tomado en los últimos años, más una vez se opondrá a cualquier nueva expansión del financiamiento – como lo hizo con éxito en diciembre.
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