En uno de los casos más depravados de corrupción en las Fuerzas Armadas colombianas en los últimos años, el lunes un tribunal colombiano condenó a un coronel del Ejército y 14 soldados por masacrar a 10 integrantes de una unidad de elite de la policía antidroga entrenada por los EE.UU. y a un informante a instancias de narcotraficantes. En Cali, un juez declaró al coronel Bayron Carvajal y a sus soldados culpables de homicidio agravado por la emboscada de mayo de 2006 fuera de una casa de reposo en el campo cerca de la dicha ciudad. Los hombres serán sentenciados en dos semanas.
Los soldados le tendieron una emboscada a la unidad de la policía mientras estaba a punto de incautar 100 kilogramos de cocaína que el informante les había dicho que estaban escondidos dentro de una instalación psiquiátrica en el municipio de Jamundí. Los soldados dispararon cientos de balas contra los policías y los atacaron con granadas de mano. Se descubrió que seis de los policías habían sido baleados a quemarropa. No se recuperó ninguna droga.
Durante el juicio, más de cien testigos atestaron. Algunos de ellos relacionaron a Carvajal tanto con las guerrillas izquierdistas como con los narcotraficantes. Carvajal afirmó que sus efectivos atacaban a rebeldes izquierdistas que colaboraran con narcotraficantes, pero nadie se lo tragó. Tampoco la primera explicación dada por los militares de que las muertes fueron accidentales. Después ellos reconocieron que sus averiguaciones indicaban vínculos entre los soldados y las cuadrillas del narcotráfico que actuaban en la región.
Conforme al Plan Colombia, los EE.UU. han enviado un promedio de $650 millones al año en los últimos años para luchar contra el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas de las FARC. Gran parte de ese dinero ha sido gastado en la expansión, equipaje y entrenamiento de militares y policías colombianos. Parte de la lógica para esa ayuda era que ella reduciría la corrupción y los abusos de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas colombianas.
El caso Carvajal no es el único a macular la imagen de los militares colombianos últimamente. En los dos últimos años, oficiales militares de alto rango han sido acusados de vender secretos a narcotraficantes para ayudarles a huir de la captura y de plantar bombas falsas para progresar en sus carreras. También consta que las matanzas de no combatientes de parte de los militares están en alza después de caer durante los primeros años del Plan Colombia.
Mientras tanto, después de todos los billones gastados, esa cocaína colombiana continúa viniendo.
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